Por Ismael Eslava Pérez*
La violencia e inseguridad que se vive en nuestro país han permeado profundamente en nuestra sociedad. El número de víctimas y sus legítimos reclamos de justicia y verdad son muestras palpables del devastador impacto que la criminalidad y la impunidad tienen en el tejido social. No obstante, existen muchas otras consecuencias para grupos de población y escenarios que no siempre son visibles para el Estado y sus autoridades, y cuyas historias suelen ser poco escuchadas o incluso, ignoradas.
La situación de niñas, niños y adolescentes ante el crimen organizado es un ejemplo de ello. Se trata de una población que, aunque representa la tercera parte del total de habitantes en México, se enfrenta a las desventajas de vivir en un mundo adultocéntrico que aún ofrece pocos espacios para hablar, participar y exigir el cumplimiento de sus derechos, y que en gran medida depende de la estabilidad y protección que sus familias y comunidades les puedan ofrecer para ejercer plenamente sus derechos.
La necesidad de caracterizar el impacto que la violencia, producto de la operación de grupos del crimen organizado, tiene en la población menor de edad, resulta importante para instrumentar las acciones en las que se tiene que trabajar para restituir sus derechos y prevenir que se perpetúe en las generaciones venideras.
En las últimas décadas el contexto de inseguridad, violencia y crimen organizado ha tenido efectos particularmente graves en niñas, niños y adolescentes, situándolos en condiciones de gran vulnerabilidad. Pero ¿cuáles son los impactos que ha ocasionado este fenómeno delictivo en el ámbito de la población menor de edad? La multiplicidad de violaciones a los derechos humanos derivadas de la actividad de grupos delictivos, impide contar con cifras exactas del impacto que tiene en cada uno de ellos; no obstante, en atención a la necesidad de caracterizar el impacto que la violencia en la población menor de edad, la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos encomendó a la Universidad Nacional Autónoma de México la elaboración de este Estudioque se presentó en 2019, entre cuyas principales conclusiones destacan las siguientes:
a) La existencia y el incremento de la victimización en personas menores de 18 años es consecuencia de la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos.
b) Una de las frecuentes violaciones que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes en México es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y/o compañeros.
c) Los niños, las niñas y los adolescentes en contextos de crimen organizado sufren violaciones a sus derechos a la libertad y seguridad, lo que implica que el contexto institucional de protección de la niñez y adolescencia es insuficiente.
d) Las distintas formas de violencia a las que están expuestas la niñez y adolescencia, incluyendo la derivada de la actuación del crimen organizado, requiere un tratamiento integral para la prevención y atención con un enfoque especializado que se refleje en el ámbito social, político, económico y normativo.
e) Se requieren investigaciones y estudios específicos sobre niñez y adolescencia, entre cuyas temáticas se encuentren el derecho a la educación y crimen organizado, desplazamiento forzado interno y desaparición de personas.
f) La resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como un problema privado con el que cada persona y su familia deben lidiar, desconociendo que detrás de cada evento violento contra niñas, niños y adolescentes, se encuentra la responsabilidad de autoridades y personas adultas que deberíantomar todas las medidas de prevención y atención.
Ante tal panorama, la manera más adecuada de hacer frente a la violencia y la inseguridad en México que afecta a la niñez y adolescencia, es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral que tomen en consideración las causas estructurales que originan esos problemas; el trabajo directo sobre los factores de riesgo, así como el refuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos.
El trabajo para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país es arduo, y las alianzas y la actuación coordinada entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades son indispensables. Es nuestro deber seguir trabajando para ofrecer a las niñas, niños y adolescentes un mejor país para vivir y desarrollarse.
*Profesor universitario y especialista en derechos humanos
