Enrique Guadarrama López*

Después de la página negra que acaban de escribir los senadores en la última supuesta sesión legislativa, al aprobar sin leer, los proyectos de reformas legales, quiero ponerme en su lugar. Supongo que al llegar a casa y tener que explicar su conducta a la familia, particularmente sus hijos(a)s, las opciones se reducen a cuatro: 1) lo hice porque así lo pidió el pueblo (¿cuál?, ¿cómo?), 2) es una decisión del movimiento partidista al que me debo (docilidad); 3) se trata de cumplir los deseos de nuestro presidente (servilismo); 4) por conveniencia personal, para mantener mi vida política (egoísta y aspiracionista).

Ninguna se corresponde con su función original e ineludible al asumir el cargo de representante de la sociedad: la de procurar las mejores leyes para el desarrollo del país, anteponiendo los intereses nacionales a sus intereses particulares. En casos como en el que incurrieron los senadores se podría aplicar el Test de Compromiso Democrático, al que me referí en colaboración anterior (LJM, 9 de marzo 2023). Se puede anticipar el resultado en la enorme mayoría de ellos.

En el fondo saben, aunque nunca lo admitirán, que, de cara a la historia patria, lo indigno de su proceder no tiene argumento alguno. Sus cuatro opciones de justificación quedan pulverizadas frente al decoro parlamentario.

Pero, la actuación de los legisladores no sólo se mide por lo que aprueban o rechazan, sino por lo que dejan de hacer, es decir, cuando incumplen sus obligaciones constitucionales. Se valoran, por igual, las acciones y las omisiones. Me voy a referir en particular al caso del INAI, que como órgano constitucional autónomo (OCA) fue sometido, de facto, a parálisis e inoperancia, al no designar el Senado, por lo menos, a uno de los comisionados que se requieren para funcionar en pleno.

Es un ejemplo de cómo se materializa una de las denominadas zonas de vulnerabilidad de la autonomía de los OCA, que provocan sea socavada la garantía institucional que les reconoce la Constitución. Se identifica como “inanición funcional y operativa”, que se traduce en que el gobierno retira los apoyos institucionales (no nombrar comisionados), lo cual acarrea que no puedan tomar decisiones. La inmovilidad de la institución repercute negativamente en los derechos humanos de la sociedad. Es una jugada del gobierno a tres bandas: paraliza el OCA, afecta a los derechos humanos y gana la opacidad del gobierno.

Es un reflejo de una decisión deliberada de gobierno para impedir el funcionamiento de una institución que les estorba. Las vías para hacerlo pueden ser cualquiera, siempre que cumpla su cometido. No importa si incumplen o violan la ley. Se sabe, por voz de una comisionada del INAI, de una instrucción a los sujetos obligados dentro de la administración pública de dejar de atender los requerimientos de información que les solicite la institución. Así o más claro.

¿Qué hacer ante una situación así? El camino jurisdiccional suele ser largo y no siempre favorable. Recién, una jueza ordenó al Senado hacer la designación de los comisionados en plazo perentorio. Lo cierto es que un órgano tan relevante para la vida democrática del país no puede quedar paralizado ni sometido. Se requiere una salida pronta e inmediata, de aplicación rápida.

Una fórmula para evitar que se repita una situación como la que vive el INAI, ni que se presente en cualquier OCA, es establecer en la ley reguladora, la figura del comisionado interino, que se designaría por parte del pleno del propio instituto y recaería exoficio, en el titular de una determinada dirección general de la institución. Su actuación sería en el pleno hasta que se haga la designación por parte del Senado.

Para sustentar esa facultad de designación del INAI, a manera de autodefensa institucional ante los ataques del gobierno, se requiere argumentos. Los hay y de sobra: a) la autonomía no es gratuita ni surgió por generación espontánea; es un logro de la sociedad; b) La autonomía abona al desarrollo democrático del país al ser la fórmula institucional para restringir el poder del gobierno; c) la autonomía es la vía facilitadora para lograr materializar los derechos humanos; d) el interés de la sociedad está por encima, muy por encima, de los intereses del gobierno; e) ante el poder del gobierno y sus múltiples maneras de aplicarlo en detrimento de un OCA, debe pesar, todavía más, el poder de la sociedad.

Es momento de definiciones. Mi apoyo al INAI y al movimiento por la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, particularmente, y por mayoría de razón, de quienes pretenden minimizar, debilitar o desaparecer a la institución. A sumar esfuerzos por el INAI

 

 

* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

eguadarramal@gmail.com

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