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Luis Raúl González Pérez*

El respeto a los derechos humanos requiere, entre otros elementos, de garantías que los hagan efectivos. Garantía significa asegurar, y por ello es indispensable que no solo se reconozcan los derechos humanos sino también que existan los mecanismos para su protección y defensa. Los hay de carácter jurisdiccional, cuya labor compete a los tribunales a través de sus juezas y jueces. Los de carácter no jurisdiccional es atribución de los Ombusperson. El fin de ambos es la defensa de los derechos humanos y hacer efectivo el acceso a la justicia. 

Al respecto, el sistema jurídico político estableció un sistema de pesos y contrapesos, como es la división de poderes, ahora extendidos esos contrapesos también a los órganos constitucionales autónomos, pero las atribuciones de cada poder y órgano está circunscrito al principio de legalidad, que se traduce en que su actuar debe estar previsto expresamente en la Constitución y en la Ley.

Es así como, en la creación de leyes el poder legislativo, ante iniciativas de ley provenientes del ejecutivo y en las propias de ese órgano, tiene que observar ámbitos competenciales y apegados a derechos humanos. De otro lado, el poder judicial será quien, en última instancia a través de los controles de constitucionalidad, ante excitativa de quien tenga legitimidad, conocerá y resolverá de acciones de inconstitucionalidad, o de recursos de amparo en caso de que haya leyes no acordes a la Constitución o bien de controversias constitucionales por invasión de competencias entre los poderes y/o un órgano constitucional.

Para el ejercicio de esta importantísima labor de las ministras y ministros, y en general de las y los integrantes de los poderes federales y estatales de justicia, requiere de garantías como la de independencia judicial como un presupuesto indispensable para que sus sentencias y resoluciones sean dictadas con imparcialidad y apego a la Constitución, nunca a favor de intereses de personas, grupos o coyunturas políticas. Los demás poderes y órganos del Estado deben respetar esa independencia, recordando que debe existir una clara separación de poder, como lo establece el artículo 49 constitucional al disponer que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial que debe respetarse. Es natural que haya diferendos y opiniones discordantes entre los poderes y órganos del Estado, ello es natural, pero en un Estado Democrático de Derecho, las mismas deben zanjarse a través de los propios recursos legales que el sistema jurídico prevé.

Desde luego que es legítimo buscar el convencimiento del punto de vista ante los juzgadores por quienes dirimen sus controversias, pero siempre con argumentos y fundamentos jurídicos, con razones y evidencias sin intimidaciones, estigmatizaciones, amenazas o bien narrativas polarizantes que busquen imponer a favor el sentido de una resolución. Alentar esta narrativa contra los impartidores de justicia, ya sea de poderes públicos o fácticos debilita el Estado de derecho y aumenta la desconfianza de la población en la justicia.

Por eso llama la atención, como hemos podido ser testigos, las descalificaciones, calificativos y denostaciones que se hacen en contra del poder judicial federal, de ministras, ministros, juezas y jueces, cuando algunas de las resoluciones de asuntos de interés del gobierno y de la mayoría parlamentaria, no son acordes con las pretensiones de estos actores políticos. Desde luego, combatir esas resoluciones es una atribución, pero se debe hacer a través de los recursos procesales que estén a su alcance y establecidos en el marco legal, pero la elección de confrontarlas y presionar en la vía mediática, atenta contra la independencia judicial. No puede pasar inadvertido que esas adjetivaciones contra integrantes del poder judicial, por la posición de los actores políticos de primer nivel, genera que diversas personas, lo hemos dicho, sientan que pueden replicar esas expresiones, generando ambientes de riesgo que en cualquier momento pueden pasar de las palabras a las agresiones físicas.

No es con más polarización como fortaleceremos el Estado de derecho, sí con debates fuertes, vigorosos, intensos, sin estigmatizaciones, con la canalización de las diferencias por las vías jurídicas, con ejercicio de atribuciones dentro de las competencias de cada poder u órgano constitucional, en el respeto a la división de poderes.

Hagamos de la independencia judicial una efectiva garantía de la justicia.

*Especialista de Derechos Humanos