Luis Raúl González Pérez*

En esta columna nos hemos referido a la importancia del Estado democrático de derecho, señalando que el apellido democrático responde al modelo constitucional donde se respetan los derechos humanos, existen los contrapesos a partir de la división de poderes, cuya finalidad es evitar la arbitrariedad y, en la época moderna, esos contrapesos se extienden a los organismos constitucionales autónomos. El Estado de derecho lleva implícito el principio de legalidad que tiene como premisa el respeto por la ley y que las distintas autoridades realicen solo aquello que expresamente la Constitución les faculta y por lo cual protestaron cumplir sus mandatos, asimismo, el que las instituciones del Estado realicen los fines para los cuales fueron creadas.

Lo anterior cobra sentido a la luz de acontecimientos recientes que han propiciado el quiebre institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que debilitan las columnas del Estado democrático a los que nos referimos pues, como señalamos, a las autoridades no es discrecional dejar de cumplir con sus obligaciones ya que deben realizar todo aquello que conlleva alcanzar los fines de la institución que representan y evitar poner en riesgo la vulneración de derechos humanos de la población; por el contrario, la autoridad debe atender las obligaciones impuestas en el artículo 1° de la Constitución de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En el caso del INAI, órgano garante constituido por el Poder Revisor de la Constitución, para hacer efectivo el acceso a la información y protección de datos personales, los poderes ejecutivo y legislativo, que tienen a su cargo la designación de sus integrantes, han incurrido en conductas y omisiones que de facto hacen inviable su funcionamiento pleno y propicia que se vean afectados los derechos humanos de quienes recurran a dicha institución para hacer valer sus derechos en la materia.

El INAI viene enfrentando la resistencia de los poderes públicos, que deberían ser los primeros interesados en que cumpla con el mandato que constitucional y legalmente tiene, para lo cual deben designar a los integrantes de dicho cuerpo colegiado, pero resulta que con gran dilación, si bien propusieron el remplazo de dos de los Consejeros, éstos fueron objetados por el ejecutivo federal, si bien en ejercicio de su facultad constitucional, pero por expresiones públicas de él se podría inferir la falta de interés para que se den los nombramientos. A esto se sumó casi inmediatamente una nueva vacante en dicho Instituto, que está corriendo la misma suerte de demora para su cobertura, y que las y los ciudadanos podemos identificar que obedece a una política gubernamental, pues altos actores políticos han señalado públicamente que sería preferible la desaparición del Instituto. 

La institucionalidad democrática se ha visto quebrada por medios indirectos de afectar la autonomía, crisol del funcionamiento de los organismos autónomos, al dejar de cumplir sus obligaciones las mayorías en el Congreso federal. Los poderes legislativos tienen laresponsabilidad del nombramiento de las y los integrantes de órganos constitucionalmente autónomos. No les es dable discernir si lo hacen o no, el calendario de las designaciones se conoce desde el momento en que fue designado quien será sustituido. No basta decir que el periodo legislativo se agotó, cuando era evidente que debieron procesarse con la oportunidad debida, además de que públicamente el gobierno y la mayoría parlamentaria, con alguna excepción, manifestaron públicamente que no los procesarían en este periodo legislativo. Los efectos de no cumplir con sus atribuciones se traducen en que, de acuerdo con datos del INAI, se han acumulado 3000 asuntos sin resolver al día 2 de mayo, es decir a los miles de personas que recurrieron al órgano garante, se les están vulnerando sus derechos humanos de certeza jurídica, de acceso a la información pública y/o de protección de sus datos.

Me parece pertinente mencionar que esta patología “democrática” está extendiéndose no solo en el ámbito federal, sino también a las entidades federativas, pues en el Estado de Morelos, su Congreso, como refiere la editorial del 3 de mayo de la Jornada Morelos, dejó inoperante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, pues no han nombrado a sus integrantes, funcionando solo con el recién designado presidente de dicho cuerpo colegiado, por lo que nuevamente vemos otro caso de institucionalidad quebrada.

De no proceder a la pronta designación de las o los consejeros de dichas instituciones, los asuntos se acumularán, el espectro de violación a derechos humanos crecerá, terminará coronándose la opacidad y la institucionalidad democrática se trastocará, imponiéndose los medios indirectos de atentar contra la autonomía. 

* Especialista en Derechos Humanos

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