En un país con un sistema de corrupción avanzada como México puede ocurrir, como en Nuevo León, literalmente una captura del Estado; la apropiación legal, pero ilegítima, de puestos de representación política para beneficio particular. Esto fue lo que ocurrió con el gobierno de Nuevo León donde los partidos políticos del PRI, del PAN y el PRD -vox populi, el “PRIAN”- seguramente, aunque desde luego yo ni nadie pueda constatarlo, se pusieron de acuerdo y lograron capturar el puesto de gobernador del Estado, dándole prácticamente un “golpe de Estado” a Samuel García, gobernador con licencia otorgada por el Congreso de Nuevo León a su propia solicitud para competir por la presidencia de la República, pero para quien no se permitieron nombrar a un gobernador interino de su propio partido, Movimiento Ciudadano. Samuel García había propuesto a su secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco.
Samuel García tenía rato enfrentado con el Congreso de Nuevo León, pero esa no fue la razón para el secuestro del Estado, sino una orquestación, seguramente, desde la alianza del PRIANprd, Frente Amplio por México, y seguramente también hasta del comité coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez y dicen casi todos los periodistas no seguidores del PRIAN, del propio Claudio X González. Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos, quizás intervinieron también varios miembros del poder judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hasta la Suprema Corte de Justicia, con la meta de capturar el puesto de gobernador del Estado de Nuevo León, mediante un gobernador interino “a modo”, Luis Enrique Orozco, que dice no pertenecer a ningún partido político, por supuesto incluido Movimiento Ciudadano, pero eso tampoco lo hace “inocente” de no haber participado en la captura del Estado y el “golpe de Estado”.
El origen del “plan” de la captura y golpe de Estado del gobierno de Nuevo León parece, sin duda, el temor que ya se reflejaba en las encuestas, que terminará de “desmoronarse” aún más la campaña de Xóchitl Gálvez, y le quitará más y más votos, de los supuestos votantes de la candidata del PRIANprd, del Frente Amplio por México (FrenteAM).
Nunca pudieron convencer a MC a que se sumara a este FrenteAM. Esto a pesar de que su dirigente Dante Delgado compartía ácidamente las críticas en contra de López Obrador de su conflicto en contra de la Suprema Corte de Justician (SCJ). Dante Delgado nunca se imaginó que la propia SCJ quedará expuesta y evidenciada de su posible participación en la captura y golpe de Estado al gobernador de Nuevo León, debido a su desaseo en procedimiento de resolver la controversia constitucional para rechazar al secretario general de gobierno, apoyar la decisión del congreso y su nombramiento del gobernador interino y hacerlo literalmente al “cuarto para las doce”, minutos antes de que venciera el plazo legal para que el gobernador, al minuto cero del 2 de diciembre, ejerciera su licencia a la gubernatura de Nuevo León para ser candidato a la presidencia de la República.
Sin embargo, como en todo “golpe de Estado” que se precie de serlo, casi hubo enfrentamiento entre “elementos de la policía estatal”, que se “metieron” al palacio de gobierno a “resguardarlo” y al gobernador con licencia, que en ese preciso momento del “cuarto para las doce”, dijo que ya no tomaría la licencia ni la candidatura a la presidencia de MC y que seguiría siendo gobernador, seguramente informado que la SCJ avalaba el nombramiento del gobernador interino.
En ese proceso de, seguramente, innumerables comunicaciones clandestinas, podíamos escuchar al adalid de la acción impoluta del estado de derecho en nuestro país, “Alito” Moreno, decirle a Samuel García que había que cumplir con la ley.
Seguramente hubo aplausos desde Campeche a Nuevo León y hasta el Congreso de Nuevo León, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, desde luego la impoluta defensora del Estado de derecho, la Suprema Corte de Justicia. En ninguna ley se dice que quien substituya a un gobernador que solicita licencia deba de ser alguien de su propio partido, como su secretario general de gobierno. Por supuesto, en la captura del Estado y hasta en los golpes de Estado, se aplica “la ley”, aunque no tenga legitimidad, pero se aplica para beneficios personales o particulares de un grupo.
¿De qué se benefician los “miembros” de ese grupo? De muchas maneras, primero, desbancando a Samuel García y a Movimiento Ciudadano de la gubernatura, también si las cosas salen bien, atacando la candidatura de Samuel desde el gobierno de Nuevo León con denuncias y, ¿por qué no?, hasta llevarlo a prisión. Sin embargo, a pesar de todas las críticas válidas en contra de Samuel, como faltar a su palabra que él no haría lo que “el Bronco” y sería gobernador por seis años, no merecía un “golpe de Estado”. Quizás por eso se fue, como Salvador Allende, a refugiar al palacio de gobierno, con los “leales” que lo defenderían del gobernador interino que llegó a tomar posesión, pero que no pudo entrar y esperó afuera del palacio de gobierno de Nuevo León. Al día siguiente, quizás por eso el gobernador interino fue a pasar lista a la policía, quien sabe si para evaluar si estarían dispuestos a entrar por la fuerza, como se hacen los golpes de estado militares tristemente históricos de nuestra América Latina.