Los recursos forestales de México realizan importantes funciones ambientales, como la captura de dióxido de carbono, regular la erosión y el ciclo del agua, lo que interviene en el equilibrio del clima, así como permitir el sustento de los ecosistemas, entre ellos el de la preservación de la vida humana y la biodiversidad. México está considerado en el lugar 12 por su patrimonio forestal, es un país considerado como megadiverso por albergar en su territorio aproximadamente el 70% de todas las especies de plantas y animales a nivel global.
Sin embargo, la deforestación es un cáncer que está avanzando rápidamente y provocando una nueva realidad, en la evaluación de los recursos forestales mundiales de 2020, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se advierte que, en la última década, México perdió más de 1.25 millones de hectáreas de bosque. El año 2016 ha sido el de mayor deforestación, con una tasa de 350 mil hectáreas deforestadas.
Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) órgano gubernamental de preservación forestal tiene cifras más alarmantes, refiere que, entre 2001 y 2019, México perdió 4 millones 50,854 hectáreas de bosque, lo que duplica las cifras de la FAO. Entre las principales causas de la deforestación en nuestro país están: el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas, la tala ilegal, los incendios forestales, la invasión de bosques para asentamientos humanos y la expansión de áreas urbanas, así como las plagas y la sequía.
En México, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Monitoreo forestal, aproximadamente 45,000 hectáreas de bosques dejan de serlo para convertirse en terrenos de siembra agrícola de forma anual, este cambio de zonas de cobertura forestal a tierras agrícolas es la segunda causa de deforestación y representa la eliminación extrema de hábitats de flora y fauna y de pérdida de biodiversidad a niveles críticos. La agricultura y la ganadería históricamente se han considerado prioritarias por las políticas gubernamentales en detrimento de la protección de las selvas y de los bosques.
En entidades del Sur del país como Chiapas y Campeche, los gobiernos federal y estatal desde hace varios años han impulsado la siembra de palma para la obtención de aceite, indispensable para la industria de los alimentos procesados. En un periodo de solo cinco años, de 2014 a 2019 esta actividad ha deforestado aproximadamente 5,400 hectáreas de bosque y selvas por la expansión de la palma de aceite en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Situación similar viven Michoacán y ahora Jalisco con las huertas de aguacate.
En el caso de la ganadería, de acuerdo con datos de la CONAFOR, es la principal actividad responsable de la deforestación con más del 70% de cambio de los usos de la tierra en México. Entre 2001 y 2021 se calcula que más de 3 millones de hectáreas fueron deforestadas para reconvertirlas en zonas de crianza y pastoreo de animales, siendo las zonas más afectadas, la península de Yucatán, y los Estados de Chiapas, Michoacán y Jalisco. La pérdida de la riqueza forestal mexicana a consecuencia de la prioridad institucional hacia actividades agropecuarias y ganaderas, debe constituir un urgente llamado hacia el rediseño de las políticas públicas, que busquen recuperar el equilibrio entre las actividades productivas y forestales.
Un aspecto fundamental es que debe haber una coordinación y una aplicación de la Ley más efectiva por parte de autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) y la CONAFOR que evite la impunidad de conductas como la tala clandestina, los incendios forestales provocados, o los cambios ilícitos de uso de suelo de los bosques, lo que implica destinar mayores recursos financieros y humanos para la vigilancia, la inspección y la procuración de justicia ambiental.
*Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conahcyt