Medardo Tapia Uribe
Como ocurre en muchas ciudades de nuestro país, una vez que la delincuencia organizada ha capturado al Estado, la gente vive cotidianamente como en una prisión, con el narcotráfico de un lado y del otro la policía o el ejército. Así me decía uno de mis informantes ex narcotraficante en Río de Janeiro, que ellos vivían en la favela como en una prisión sin muros, de un lado el tráfico y del otro la policía. Hay precisar que la policía de Brasil es la que más mata en el mundo.
Lo que ha estado ocurriendo en varias ciudades de Tamaulipas, pero también en muchas otras del país, es porque las autoridades locales y estatales han sido capturadas desde hace muchos años, como lo narra el alcalde de Matamoros, pero que no reconoce que el Estado ha sido capturado: “El alcalde… rechaza que el crimen organizado se haya apoderado de la ciudad, aunque reconoce que la ciudadanía ya se acostumbró a cohabitar con los narcotraficantes que, asegura, hacen sus actividades de manera independiente… ” (L. Campos Garza, Proceso, 2023, p.17). El alcalde de Matamoros señala que “el crimen organizado ‘convulsiona’ las ciudades grandes mexicanas en la frontera sur de Estados Unidos y que Matamoros tiene presencia de narcotraficantes desde 1980” (Ibidem., 18). Sin embargo, el alcalde rechaza que “los criminales controlen la ciudad… estamos gobernando nosotros… los que somos nativos de aquí sabemos cómo es el crimen organizado, pero deben ser las autoridades estatales y federales las que tomen las decisiones.” (Ibidem.)
Sin embargo, esto no es así. Hay que recordar que dos exgobernadores de Tamaulipas están en prisión y hubo una demanda en contra del último exgobernador, que recientemente libró su orden de aprehensión porque consiguió un amparo. ¿Cómo esperaríamos, entonces, que las autoridades estatales tomen las decisiones para enfrentar el crimen organizado? Recuérdese que esto ocurre y ha ocurrido en otras ciudades y otros estados del país, recordemos que un exgobernador de Michoacán en plena crisis de violencia fue llevado a prisión, así como varios alcaldes en lo que conoció como el “michoacanazo”. En Ciudad Juárez, por allá de 2010 y en plena crisis de inseguridad, cuando se consideraba como una de las ciudades más violentas de México y el mundo, el director del Diario de Ciudad Juárez publicó en un desplegado en su propio diario: “Les queremos decir […] en este momento a las autoridades de facto en esta ciudad porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para que nuestros compañeros sigan cayendo. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros (Villalpando 2010, M. Tapia, 2020, 90)
Y en cuanto a las autoridades federales, policía y ejército, como en Río de Janeiro, pero también en la propia Ciudad Juárez, no podemos esperar a que tomen esas decisiones porque en aquel 2010 se lo dijeron al propio Secretario de Seguridad federal, García Luna y al propio presidente Calderón en la mismísima Ciudad Juárez en 2010: ya basta y que retirara a la policía federal y al ejército implicados en varios delitos y desapariciones.
Ahora, cuando han ocurrido que el ejército ha tomado la vida de jóvenes de Tamaulipas, en julio de 2020, y el pasado febrero de 2023, el presidente no asume su responsabilidad ni atina a tomar decisiones para la investigación ni para hacer justicia, ni para detener actividades ilegales de espionaje del ejército, como comandante de las fuerzas armadas de nuestro país. Por el contrario busca justificarlos. Cuando no se toman esas decisiones lo que ocurre es que la ilegalidad y la injusticia se siga acumulando y se capturen ciudades, entidades federativas y al propio Estado y se apoderen y empoderen por muchos años, fíjese lo que dijo el alcalde de Matamoros, desde 1980 con exgobernadores denunciados y cuando menos dos de ellos en prisión. Es inadmisible que el presidente trate de justificar las acciones ilegales del ejército, cuando algunas de estas han sido la pérdida de la vida de jóvenes y, según alguno de los sobrevivientes, solo por sospechas que eran de algún cártel del Noreste de la delincuencia organizada.
