Ernestina Godoy, la impunidad, y la ruptura del sistema de justicia en México
Ernestina Godoy no fue ratificada esta semana por el Congreso de la CDMX para seguir siendo la Fiscal de Justicia en la capital del país. Vivimos tiempos de canallas en los que no hay la mínima cortesía política para los gobiernos surgidos del voto popular. Pero todavía peor, vivimos tiempos peligrosos de politización de la justicia. El modelo de “autonomía” nunca ha funcionado en México y la procuración de justicia sigue, o siendo botín de la clase política en turno, o arma política de justicia disfrazada.
No pasa una semana que no nos enteremos de alguna situación de carácter político en el que estén envueltos el Poder Judicial, la Suprema Corte o Jueces de distintos niveles; o Fiscalías de Justicia Estales con Gobernadores, Congresos, Senado y desde luego con la Presidencia de la República. Ya se nos está haciendo costumbre ver el litigio de los políticos en los medios de comunicación, todos, de uno y otro lado, como adalides de la verdadera justicia. Y mientras se dirime quién o quiénes son los verdaderos justicieros, el país se cae a pedazos porque no hay quien materialice y lleve a cabo una justicia cotidiana, que se vea día a día en nuestras vidas.
Como nación México tiene muchos problemas, pero hoy tiene un cáncer en todo su sistema social y político que se llama impunidad. En nuestro país se pueden cometer delitos, hasta los más graves, porque la posibilidad de que los responsables sean castigados es prácticamente nula. De acuerdo a la organización “Impunidad Cero” de cada 100 delitos cometidos solo se denuncian 6 y de estos solo se resuelven el 14%. Es decir, de cada 100 delitos cometidos en México, solo uno se resuelve. La cifra por si sola es escalofriante, es increíble cómo seguimos viviendo como sociedad. Y aquí la culpa tiene que repartirse entre todos los actores del sistema, poderes ejecutivos en todos sus órdenes de gobierno, poder judicial y poder legislativo.
Sin embargo, el sistema de justicia mexicano está roto y todos padecemos las consecuencias. Y está roto porque la “independencia” del sistema, uno de los principales elementos de la democracia, está politizado. La autonomía en la procuración y administración de la justicia es uno de los aspectos cruciales en las democracias modernas porque deben asegurar una justa e imparcial aplicación de la ley. Pero esto no se vive por la constante intervención de otros poderes públicos por un lado y, por otro, porque tanto fiscales como jueces han abandonado su imparcialidad y se han vuelto actores políticos.
La independencia del Poder Judicial y la autonomía de las Fiscalías empezando por la General de la República está basado en que sus decisiones deben estar libres de la influencia del gobierno, de otras entidades políticas o de cualquier presión externa. La autonomía salvaguarda la integridad del sistema entero de justicia, motivando la confianza pública y convirtiéndose en pilar del Estado de Derecho. El sistema constitucional previene la acumulación de poder y eso se nos está olvidando ante la ineficiencia del sistema. La intervención de uno y otro poder en asuntos de otro, insisto, se ha vuelto la normalidad en México. Y si bien salimos de un sistema político de partido único donde la intervención presidencial era normal, vivimos lustros de lucha para que los poderes públicos encontraran los equilibrios que la constitución republicana establece. Equilibrios que con mucha tristeza empiezan otra vez a claudicar violando flagrantemente nuestra máxima ley.
Hay quienes piensan que la autonomía, que la independencia significa aislamiento. Están en un error. La autonomía significa la libertad para aplicar la ley sin la interferencia de otros, donde la justicia prevalece sobre la influencia del poder político o económico. La independencia previene el abuso de un poder sobre los otros poderes del estado o del gobierno. Protege a la ciudadanía de las agendas políticas, de las presiones de la opinión pública y de los intereses económicos de los poderosos. Los jueces deben estar libres en sus decisiones basados en las investigaciones de los fiscales, en la evidencia presentada, en principios legales de justicia e imparcialidad, pero sobre todo en la letra de la ley. Por eso es un sistema que funciona con la voluntad de tres poderes públicos: gobernantes, legisladores y juzgadores. Pero ese sistema debe estar enlazado con la realidad social y económica del país para poder operarlo, reformarlo y actualizarlo. El sistema está quebrado y lo podemos demostrar fácilmente.
Un ejemplo claro es la no ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal de la Ciudad de México. Quienes no la ratificaron arguyeron que no había dado resultados, que no era autónoma, que los persiguió y que hoy la impunidad en la Ciudad de México está en sus máximos niveles. Quienes pedían su ratificación justo decían lo contrario: que persiguió mafias políticas, que se enfrentó a poderes de mucho tiempo y que fue leal y honesta en el desempeño de sus funciones. Lo cierto, que al estar tan politizado el sistema, para el ciudadano común y corriente no es posible distinguir si la exfiscal Godoy hizo bien o no las responsabilidades tan importantes que tuvo durante cuatro años.
Y lo peor, la oposición no gana porque el equipo de la exfiscal se queda, no hay cambios porque son los mismos, de poco sirvió su bravata en el Congreso. Pero todavía peor, a través de un fraude a la ley se nombra a un responsable de una de las entidades más importantes del gobierno de la Ciudad pues el nuevo Fiscal no era abogado, y obtuvo su título de manera exprés. Ni a quien irle. Solo me queda la expresión que hizo famosa el genial Chespirito cuando invocaba al Chapulín Colorado: “¿y ahora, quien podrá defendernos?”.
“No hay paz sin justicia”, lo dijo y sigue repitiendo el Presidente de la República; tiene razón: no hay paz sin justicia. No podemos permitir que se siga politizando el sistema, los poderes públicos tienen que entrar ya en razón. Porque el crimen organizado avanza mientras ustedes siguen debatiendo quiénes son los verdaderos adalides de la justicia. La paz se nos escapa como sociedad, las desapariciones, los homicidios, las violaciones, los cobros de piso, las extorsiones telefónicas, y un largo etcétera es lo que vivimos todos los días los mexicanos.
Se necesita una nueva legalidad para el sistema de justicia en México. Y ésta debe darse en base a resultados. Aquí dos ideas: ¿y si en lugar de elegir Ministros de la Suprema Corte, mejor elegimos Fiscales? Mejor elijamos al Fiscal General de Justicia de la Nación y a todos los Fiscales de los Estados por el voto popular para que tengan autonomía y se deban a la ciudadanía. ¿Y si su ratificación se da en base a sus resultados? Qué tal que solo puedan presentarse a reelección si tiene mínimamente el 50 por ciento de efectividad de las carpetas de investigación o de las denuncias que se les presentaron. Que sea el pueblo quien decida quién debe investigar los delitos en México.
Con estas ideas para buscar la verdadera autonomía y que sea el electorado quien decida como en muchos países quienes serán sus Procuradores de Justicia, nos evitaríamos episodios tan bochornosos como el acontecido con la Fiscal Godoy. Pero sobre todo no dejaríamos a los mexicanos sin justicia y a la voluntad de la delincuencia, clamando como lo hacíamos de niños: “¿y ahora, quien podrá defendernos?”.
