En la entrevista que se publica hoy, Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos, entre otras cosas señala que la percepción de la seguridad que se vive en Morelos, respaldada por la presencia de la Guardia Nacional, se ve superada por la realidad tangible de que en nuestro estado se vive una situación difícil por la inseguridad.
Así, mientras algunos podrían considerar que le criminalidad baja pues disminuyen las denuncias, para atender una obligación del gobierno, los empresarios han tenido que desviar parte de su inversión en procurarse seguridad y dispositivos de vigilancia, lo que encarece los negocios en por lo menos un diez por ciento.
En ese sentido coinciden los transportistas que nos informan que por lo menos el 30 por ciento de sus vehículos han sido víctimas de robos y hasta de secuestros, por lo que negocian con las aseguradoras mejores pólizas que les permitan no resentir tanto sus pérdidas materiales y para asegurar a sus pasajeros, pues estos actos delictivos que ya se están convirtiendo en costumbre.
La iniciativa privada de Morelos asume que para poder operar sus negocios por los que pagarán impuestos y para crear empleos que beneficiarán a la comunidad, deben incorporar en sus proyecciones de inversión la forma en que el crimen va a impactar en sus operaciones. Es la normalización de una anomalía.
Sánchez Purón señala que para las víctimas, es complicado denunciar los actos delictivos, con lo que se desalienta su registro, lo que, a su vez, da la falsa idea de que el crimen disminuye, cuando en realidad va al alza, de la mano con la impunidad y con la indefensión de la ciudadanía que simplemente quiere trabajar.
Lo peor es que, por lo menos desde la percepción empresarial, los diferentes niveles de gobierno, estatal y municipal, Ejecutivo y Legislativo, se han obstinado en no preguntarle a la iniciativa privada cuando se toman medidas que le afectan de manera directa.
Nada apunta más hacia el fracaso que las medidas unilaterales y nada más hacia la frustración que se niegue sistemáticamente la participación de los sectores -y no solo el empresariado, sino también a la llamada sociedad civil- en la toma de decisiones que después ellos tendrán que operar o tolerar. Esto tampoco resulta ser muy democrático.
Así como la representación popular en términos políticos reside en el Congreso, los colectivos y organizaciones civiles tienen la representación de por lo menos grupos, masivos o pequeños, que tienen metas e ideales en común y que habría que escuchar. Tal vez, ejercitando el diálogo, se podría evitar que se invadan esferas de responsabilidad y que los empresarios inviertan su dinero en crear empleos en lugar de equipos de seguridad que resultan meros paliativos para el trabajo que alguien ha dejado de hacer.