Dra. Teresa Shamah Levy*
El derecho al agua es universal. Intrínsecamente se le ha relacionado con otros derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la nutrición de los individuos, al igual que con las enfermedades en una región y la economía de un país, entre otros elementos.
La disponibilidad de agua segura es clave de la seguridad alimentaria en los hogares, por las grandes implicaciones que esa asociación tiene en la agricultura, la ganadería y todos los procesos productivos relacionados con la alimentación y la nutrición.
La producción de alimentos es el mayor usuario antropogénico de agua del planeta y, por tanto, la seguridad alimentaria está interrelacionada en muchos sentidos con la seguridad de agua o seguridad hídrica. Esta última, desde una perspectiva global, involucra también varios aspectos y dimensiones que incluyen factores técnico-políticos y relaciones de paz-conflicto.
La seguridad hídrica es un término amplio que se utiliza habitualmente para describir un sinfín de problemas relacionados con el agua. En el ámbito mundial, existe una crisis de agua independientemente del nivel de desarrollo de los países, la cual se está agravando pues el número de personas que experimentan problemas de insuficiencia, exceso y/o contaminación del agua es cada vez mayor. Actualmente, al menos 4 000 millones de personas ―más de la mitad de la población mundial― sufren una grave escasez de agua dulce un mes al año como mínimo.
Para el año 2014, el riego reclamaba cerca de 70% de toda el agua dulce apropiada para uso humano. Asimismo, aun cuando se ha documentado que existe suficiente agua para las necesidades globales futuras, esta imagen del mundo oculta grandes áreas de escasez absoluta de agua, fenómeno que afecta a miles de millones de personas, muchas de las cuales son las más vulnerables, pobres y desfavorecidas.
En el ámbito del hogar, del acceso y del uso del agua ―nutriente esencial―, existen diversos fenómenos relacionados con la nutrición que se ven seriamente afectados, como la productividad agrícola, las prácticas de preparación de alimentos, los comportamientos alimentarios, la diversidad de la dieta, las prácticas de alimentación de los lactantes y niños pequeños, y el gasto energético.
El papel que desempeña la seguridad hídrica en su relación con la seguridad alimentaria, aunque es conocido, se da por obvio, pues suele no tomarse en consideración que el agua interviene directamente en el saneamiento y la higiene, dentro del contexto de las enfermedades diarreicas y el crecimiento infantil y, más recientemente, de la enteropatía ambiental y las infecciones entéricas más frecuentes en niños, al igual que de la hidratación deportiva.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias a fin de llevar una vida activa y sana”. Dicha definición considera que la alimentación debe ser adecuada en cantidad y calidad, y culturalmente aceptable.
La seguridad alimentaria involucra cuatro pilares que se asocian entre sí: la disponibilidad, el acceso, el consumo y la estabilidad, los cuales se ven influidos por condiciones climáticas, sociales y políticas.
No existe una sola medida que capture todos los aspectos de la seguridad alimentaria, menos aún que permita identificar cómo, cuándo y dónde algunas de sus facetas son más relevantes que otras. Sin embargo, un acercamiento para evaluar la situación poblacional en este ámbito puede hacerse midiendo el acceso a los alimentos.
De manera opuesta, la inseguridad alimentaria hace referencia a la “disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables».
Bajo este contexto, en México, durante la última década, se ha evaluado la percepción de la seguridad/inseguridad alimentaria en los hogares empleando la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria (ELCSA), y la información correspondiente se ha recabado mediante las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut).
La ELCSA permite clasificar la severidad de la inseguridad alimentaria dentro de los hogares en: Inseguridad leve: cuando existe preocupación por una falta de capacidad para alimentar de manera adecuada a la familia, es decir, hay una variedad limitada de alimentos que se traduce en demeritar la calidad. Inseguridad moderada: cuando escasean los alimentos en el hogar y disminuye su disponibilidad tanto para adultos como para niños, es decir, cuando disminuye su cantidad. Inseguridad severa: se refiere a las experiencias de hambre en adultos y niños dentro del hogar, por falta de recursos económicos, lo que se traduce en reducir y limitar los tiempos de comida habituales.
Aunado a lo anterior, por primera vez en México, en el año 2021, dentro de la Ensanut se midió a nivel nacional la inseguridad hídrica a partir de una escala sobre las experiencias vividas en ese ámbito dentro de los hogares (The Household Water Insecurity Experiences, HWISE). A diferencia de otros instrumentos que determinan la inseguridad de agua considerando la disponibilidad de infraestructura, esta escala basa su medición en cuatro dominios: disponibilidad, acceso, uso y confiabilidad del agua dentro de los hogares en el tiempo.
Los hallazgos más relevantes de dichas evaluaciones muestran que, en 2021, 25.9% de los hogares mexicanos presentaban inseguridad alimentaria moderada y severa. Es decir, de los 36 256 693 hogares que hay en México, poco más de 9 millones se veían afectados en su alimentación, tanto en cantidad y calidad, como por la falta de recursos económicos para adquirirlos.
Cabe añadir que la mayor parte de los hogares afectados se ubica en zonas rurales y urbano-marginales del país. Así, la seguridad alimentaria alcanza 41.8% en las áreas urbanas, mientras que en las rurales se presenta con 29%; por su parte, la inseguridad alimentaria moderada y severa es mayor en las zonas rurales, con 31.3%, respecto a las zonas urbanas, que registran 24.5%.
En cuanto a la inseguridad hídrica, 16.3% de los hogares presentaron esta condición, sin que existieran diferencias entre áreas urbanas y rurales (15.2 y 16.6%, respectivamente). Por tercil socioeconómico se observó que, entre los más pobres, uno de cada cinco hogares padece inseguridad de agua; en el tercil intermedio, 17.3%, y entre los hogares con mayores condiciones de bienestar, uno de cada diez.
Aunado a lo anterior, cuatro de cada diez hogares en México que refieren inseguridad hídrica, padecen también inseguridad alimentaria moderada y severa, y 23.6% registra seguridad alimentaria. Por otro lado, sólo en 22.9% de los hogares con seguridad de agua se presentan niveles moderados y severos de inseguridad alimentaria, y en 41.9% se señala tener seguridad alimentaria.
Existen factores que influyen directamente en la presencia de inseguridad hídrica, como la región del país en donde se ubican los hogares, sus condiciones de bienestar asociadas a la posesión de bienes y materiales de construcción de la vivienda, así como la composición familiar, sin que ello implique una asociación directa con la inseguridad alimentaria. Sin embargo, el hecho de que en los hogares se presente inseguridad hídrica afecta de manera directa en la inseguridad alimentaria moderada y severa, principalmente en hogares pertenecientes a zonas rurales e indígenas.
En resumen, a nivel nacional, poco más de una cuarta parte de los hogares mexicanos padece inseguridad alimentaria moderada y severa, lo que afecta con mayor intensidad a la población que vive en localidades rurales.
Estas experiencias menoscaban la calidad de la dieta, los hábitos de alimentación y tienen consecuencias graves a corto y largo plazo en el bienestar, el estado de nutrición y la salud de las personas.
Entre 2012 y 2018 hubo una reducción de 2.4 puntos porcentuales en la inseguridad alimentaria moderada y severa (de 28.3 a 25.9%). A pesar de que esa disminución fue significativa, en los dos últimos años (2020-2021), la inseguridad alimentaria volvió a ganar terreno pues se registró un aumento de cuatro puntos porcentuales en la proporción de hogares mexicanos que presentaron los grados más graves de esa condición.
Como está sucediendo en diversos continentes y subcontinentes, entre ellos Latinoamérica, la pandemia de Covid-19 está impactando de forma negativa la economía de los países y también su acceso a la alimentación; esta situación está amenazando los medios de subsistencia de los grupos poblacionales más vulnerables y que viven en contextos frágiles, como la población en pobreza y marginación de localidades urbanas y rurales.
Los datos obtenidos en la Ensanut Continua 2021 mostraron que alrededor de uno de cada seis de los hogares entrevistados reportaron experiencias adversas relacionadas con la inseguridad de agua.
Por ese motivo, se requiere de la implementación y gestión de políticas integrales, sostenibles y de conservación a lo largo de toda la cadena de producción agrícola, con miras a garantizar el mejor uso de los recursos hídricos disponibles para satisfacer la creciente demanda de alimentos y otros productos.
*Especialista en salud pública. Articulista invitada por el Dr. Eduardo Lazcano Ponce
