Tatiana Vanessa González Rivera
El bullicio que la economía social y solidaria (ESS) provocó en varios países de América Latina hizo eco también en México; sin embargo, poco o nada se ha traducido en políticas públicas eficaces, en sentido amplio, que acompañen el impulso del sector. Mucho ruido en la retórica gubernamental sin duda; pero pocas nueces, en el andamiaje normativo e institucional, ha significado para el sector.
En febrero de 1983, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dio un giro trascendental al reconocer que son tres sectores los llamados al desarrollo nacional: el sector público, el privado – vistos como sectores tradicionales – y el Sector Social de la Economía (SSE), denominación que, ciertamente, hace referencia a esta alternativa reconocida en la mayor parte de Europa y América Latina con la locución de economía social y solidaria. No obstante, el triunfo fue efímero y se vio opacado por la puesta en marcha, en ese mismo año, de la política neoliberal a cargo del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la cual captó todos los reflectores y frenó los esfuerzos para el diseño de un marco normativo y operativo ad hoc al sector de la ESS; provocando, de hecho, el desplome de buena parte de la estructura que le soportaba, sobre todo a partir del desmantelamiento de programas de fomento a las cooperativas de la época, y que se había logrado en las administraciones anteriores.
Tal reconocimiento constitucional se convirtió, como yo suelo llamarle, en buena poesía jurídica escrita por un legislador que describió tan solo una manifestación ideológica como instrumento de contención de los grupos marginados; y es que transcurrieron veintinueve años para que ese legislador, ya imbuido del modelo neoliberal, cumpliera con su obligación de crear y publicar la ley reglamentaria que daba sustento a las formas de organización de la ESS mexicana para articularlas en un nuevo sector económico. Se trató de una tremenda omisión legislativa a partir de la cual el sector fue, sencillamente, abandonado a su suerte.
La anhelada Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) hace su aparición hasta mayo de 2012 y, replicando el contenido constitucional, reconoce formas asociativas clásicas de la economía social como las cooperativas y otras figuras con raigambres en la historia mexicana como los ejidos y comunidades; también mandata la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como el órgano encargado de instrumentar la política pública del sector; pero que desde 2015, derivado de una reforma a la ley en comento, se convierte en órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar – así llamada en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador – y deja de formar parte de la Secretaría de Economía; por ende, se le restó crédito a esta otra forma de hacer economía para matizarla como una alternativa de atención a los grupos débiles y olvidados con un manejo político de control clientelar.
Hoy en día es evidente una ausencia de una adecuada política pública e instrumentos presupuestales para el fomento del SSE en igualdad de condiciones que el privilegiado sector privado, lo que resulta inverosímil y reprochable pues se trata de una economía alternativa que plantea un proyecto de sociedad más justo, con significativos emprendimientos registrados a nivel nacional y con un respaldo de rango constitucional que llama al sector al desarrollo nacional a partir de esquemas más sostenibles e inclusivos.