José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.
El proceso de militarización de la seguridad pública contraviene la normatividad internacional en materia de derechos humanos y favorece las tendencias autoritarias y represivas del Estado, como se ha demostrado en el crecimiento de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y denuncias de tortura cometidas por soldados y elementos de la Guardia Nacional, así como labores de persecución y espionaje contra activistas sociales y familiares de víctimas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa como Melitón Ortega, Vidulfo Rosales y Abel Barrera. La ejecución de 5 personas por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando estaban desarmados y fueron ejecutados algunos de ellos con tiro de gracia, mostró la gravedad de la situación al polarizar nuevamente la escena política, cuando fueron detenidos dos militares acusados de no haber acatado las órdenes superiores, saliendo a las calles a protestar familiares de soldados con el apoyo de fuerzas políticas de derecha que reclaman mayor poder al Ejército a pesar de que quedó demostrado que actuaron con uso excesivo de la fuerza. Si tomamos en cuenta que el Ejército ha participado en graves violaciones a los derechos humanos desde los años 60s a la actualidad, vemos con preocupación cómo se le da mayor poder, desde Calderón en 2006, pasando por Peña Nieto cuando ocurrieron las desapariciones en Iguala, hasta la fecha con López Obrador que se ha legalizado lo que es anticonstitucional. El poder del Ejército es tal que se ha negado a entregar todos los archivos de la represión a pesar de que se lo ha ordenado el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República, como claramente lo señala nuestra Constitución Federal. Con relación a lo anterior en estos días se han dado a conocer acciones de espionaje aplicando el programa “Pegasus” que adquirió el gobierno anterior pero que éste no ha eliminado como fue su compromiso.
Madres y padres se reunieron con organizaciones sociales, estudiantes, normalistas y autoridades comunitarias de la región de la Montaña, donde concluyeron que la nueva narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende cerrar el caso sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Resaltaron que las investigaciones se estancaron cuando se responsabilizó al ejército mexicano, no sólo por su omisión, sino por su participación directa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre del 2014. Ya han pasado 8 años y cinco meses sin que las 43 familias sepan nada de sus hijos, al contrario, el ejército mexicano no ha tenido la voluntad mínima de poner a disposición la información que tiene en sus manos para esclarecer el caso.
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso con las familias para llegar a la verdad y a la justicia, sólo se quedó como promesa. Los avances más importantes fueron la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) integrada por el gobierno y las madres y padres de familia en 2018, apoyados de la asistencia técnica de un grupo de expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había muchas expectativas para esclarecer los hechos de Iguala, lo que generó la desmovilización de las familias para dar seguimiento a las reuniones de la CoVAJ y con el presidente de la república, lamentaron las madres y los padres.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sacó información y llegó a la conclusión de que el ejército mexicano estuvo monitoreando a los jóvenes desde el inicio hasta el momento de la agresión, había soldados inscritos dentro de la escuela que hacían la labor de vigilar y dar información, incluso uno de los 43 era militar. El C4 estaba bajo el mando de militares. Con las suficientes pruebas de que el ejército había participado, las madres y padres exigieron más información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aquí fue donde se estancó todo. Las familias se enfrentaron con el presidente porque estaba protegiendo a los militares, solo por eso dio instrucciones para que el ejército diera la información que tiene del caso Ayotzinapa. Se habló de 53 responsables, y de esos 5 son militares, entre ellos el comandante del 27 batallón, José Rodríguez Pérez. Por todo ello, este 26 de marzo se llevará a cabo la 102 Acción Global por Ayotzinapa y México porque nos siguen faltando los 43 estudiantes y más de 112 mil personas desaparecidas desde 1964 a la fecha. Es necesario seguir luchando de manera consciente y organizada, hasta que la dignidad se haga costumbre.
