Enrique Guadarrama López*
En ocasión anterior me referí a la trascendencia que tiene para las universidades públicas el principio de la autonomía universitaria y el asedio que de manera recurrente enfrentan. Ahora mismo, algunas de ellas sufren la modificación de sus leyes orgánicas para forzarlas a cambiar sus modelos de designación de sus autoridades, particularmente la de Rector. Tal acción del legislador es una abierta violación a la facultad de autogobierno de las universidades públicas de decidir el mecanismo para designar autoridades, que le reconoce el artículo 3° constitucional. Confiamos en que el Poder Judicial federal declare inconstitucional la actuación del poder legislativo de las entidades federativas que han modificado la ley orgánica o pretenden su reforma.
En el caso de la UNAM, se presentó de manera absurda y fuera de lugar, con ignorancia supina, una iniciativa de reforma a su ley orgánica. Ante lo burdo del intento, tal iniciativa fue retirada de inmediato. Pero, es un indicio claro de las intenciones políticas que se ciernen sobre la universidad ante el próximo proceso de designación de Rector.
En el diseño universitario se parte de una premisa incuestionable, no hay una elección de autoridades, sino una designación, la cual se sustenta en criterios académico-administrativos. No es una cuestión política, ni se busca la decisión de un gran y único elector (identificado con alguien ajeno al campus universitario), ni de quedar bien con un “electorado”. Se trata de escoger a quien tenga mejor perfil académico y con experiencia en las cuestiones de la universidad, pues debe conducirla a mejores estadios de desarrollo institucional. De ese tamaño es la responsabilidad que asume quien es designado. No es cosa menor.
Se identifican, al menos, tres aristas de análisis en el esquema de designación del Rector: el perfil de la persona, el programa de trabajo y el órgano que designa.
En el perfil de la persona lo ordinario es analizar dos aspectos. Por un lado, la hoja de vida académica (grado académico, publicaciones, diseños de programas, etc.) y, por otra parte, la trayectoria en cargos de responsabilidad universitaria (dirección de entidades académicas y de dependencias administrativas) y en la administración pública. Se busca acreditar que la persona cuenta con conocimientos y capacidad para resolver problemáticas al interior de la institución.
Sin embargo, en las circunstancias que actualmente se viven en el entorno universitario, se debe tener presente como un elemento fundamental al momento de hacer la valoración de las cualidades y logros de los aspirantes, la de contar con experiencia en la defensa de la autonomía universitaria. De esa manera, quienes pretendan encabezar a la institución deben probar que tienen un camino recorrido al defender instituciones autónomas. Con este perfil se puede descartar la pretensión de alguien que busque hacer valer intereses políticos disfrazados de supuesta mejoría académica y de una supuesta “transformación” de la universidad. Como ahora se dice, “fuera máscaras”. Debe haber un férreo escrutinio universitario y exhibir a los oportunistas.
Desde que era estudiante en la UNAM he escuchado de tradiciones universitarias, que se han respetado a lo largo de las décadas. Ahora, ante el reto mayor y extraordinario que enfrenta la Universidad es necesario designar al/la mejor y dejar a un lado, si es necesario, reglas tradicionales. La situación lo amerita. Es un momento que puede ser un parteaguas en la vida de la institución.
En el perfil personal, además de la experiencia en la defensa de la autonomía es indispensable que el Rector cuente con firmeza, templanza, convicción y sensibilidad. No queremos un Rector belicoso, pero sí con carácter suficiente para encarar los retos en lo interno y en lo externo. Después de todo, se trata de un cargo que implica defender a la institución ante las múltiples dificultades de toda índole, tanto académicas, como intrusivas y de pretendido debilitamiento de la universidad.
Es necesario que quien quiera participar en el proceso lo externe ante la comunidad universitaria. No bastan los transcendidos ni las insinuaciones, tampoco los rumores. Debe haber claridad en las intenciones de los participantes. De esa manera se podrá analizar si cumplen con el perfil aquí señalado. Su interés lo deben expresar inmediatamente después de la convocatoria de inicio del proceso.
Los que decidan participar deben publicar su programa de trabajo, en el que incluyan metas, acciones y cronograma de actividades. Se requiere establecer una hoja de ruta que muestre el camino a seguir para lograr que la Universidad tenga un estándar similar de desarrollo en todas sus áreas de conocimiento y de sus escuelas y facultades, que sea el motor para elevarla aún más, a mayores niveles entre las universidades en el mundo. Necesitamos un avance uniforme, constante y permanente. Ahora con las redes sociales es importante que los programas de trabajo de los aspirantes se muestren públicamente, para hacer más efectiva la participación de la comunidad. Así, el proceso de auscultación de la Junta de Gobierno saldría ganando.
No es necesario reformar el mecanismo de designación de Rector, pero si mejorarlo, con reglas que pueden ser establecidas en la convocatoria. Una fórmula para atender la crítica de que la decisión de la Junta de Gobierno opera en un esquema de secretismo es que cada uno de sus integrantes emita un voto razonado respecto a quien es designado y de quien no lo es, en el que haga referencia a los parámetros antes mencionados. Ese voto razonado debe hacerse público. Que la comunidad universitaria sepa las razones de cada miembro de la Junta de Gobierno para designar al nuevo Rector. La transparencia enriquecería el proceso.
Es claro que la designación de Rector es de suma relevancia para los destinos institucionales. Se requiere el mejor perfil y la mejor decisión. Así lo exige nuestra Alma Mater. No puede haber equivocación.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
