El predebate del debate

 

En medio del encono creciente que generan por lo menos ocho años de crisis política en el estado, la claudicación de la mayoría de los políticos y funcionarios públicos para hacer su trabajo, y las campañas políticas como cereza del pastel, cualquiera de las formas que, por voluntad propia o por deber jurídico obliguen a los actores políticos a sentarse y dialogar de frente, tendría que ser muy bien recibida por todos. Pero en un terreno de suspicacias, hasta estas convocatorias suelen despertar quejas y miedos que, paradójicamente, sirven a los enconos para crecer de obstáculos a obstrucciones.

Así que el ejercicio más puro de la política electoral, los debates, serán esta semana el centro del conflicto electoral entre partidos y candidatas, no con la alegría que podría significar el que la mayoría de los ciudadanos tengan un espacio donde puedan escuchar a las candidatas a la gubernatura y candidatos a otras posiciones, hacer propuestas, contrastarlas y discutirlas.

Todos los debates son un riesgo enorme para quienes participan en ellos. No son pocos los manuales de campaña que recomiendan no exponer a debates a los candidatos que se consideran “a vencer”, los del partido en el poder o quienes arrancan muy arriba en las encuestas. Ortodoxas como son las campañas de Morena, aparentemente diseñadas todas con el mismo manual, la recomendación de evitar lo más posible los debates parece existir sin que ello signifique se contravenga la ley. La propia candidata, Margarita González Saravia, ya había adelantado que participaría en el único debate al que le obliga la ley electoral del estado.

El código electoral de Morelos establece en su artículo 189: “En el caso de la elección a Gobernador deberá celebrarse cuando menos un debate”. Y establece la obligación de organizarlos y promoverlos al Consejo Estatal Electoral.

Dos detalles deben registrarse para el análisis de la posición de Margarita González Saravia, primero, es víctima de una campaña negativa que ella y su equipo y partido presumen proviene directamente de la candidata que aparece más cercana a ella en las encuestas, Lucy Meza Guzmán (PAN-PRD-RSP y PRI); segundo, sus dos adversarias tienen carrera parlamentaria, experiencia que les ofrece una relativa ventaja en debates. Si a eso sumamos que la candidata de Morena y aliados va arriba en las encuestas, el ejercicio, por interesante, democrático y hasta taquillero que resulte, le representa más peligros que ventajas.

Por supuesto que tendríamos que acotar, para equilibrio analítico, que también las otras dos candidatas han sido sujetas a campañas negativas, en el caso de Lucy Meza con la misma intensidad, y en el de Jessica Ortega (MC-MP) con menor extensión, pero la misma furia.

Es decir, los discursos de odio y campañas negras que señala Morena en sus objeciones al acuerdo de que haya dos debates, no tendrían que ser objeción para sentarse a platicar, especialmente cuando, por definición las campañas negativas no provienen directamente de las candidatas (parte de su estrategia es carecer de emisor identificable). Todos los que se presentan en debates se exponen a los señalamientos, pero el objetivo de los encuentros no es ver quién es el peor de los aspirantes, sino cuáles de las propuestas le van mejor a la ciudadanía.

En la sesión del Consejo Electoral en que se aprobaron fechas y lineamientos para los por lo menos dos debates a la gubernatura, la presidenta del Impepac, Mireya Gally, expuso que los debates sirven para “exponer y confrontar entre sí las propuestas, planteamientos y plataformas electorales de las diferentes candidaturas, con el fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático bajo un esquema que se regirá por los principios de imparcialidad, equidad y máxima publicidad”, y abundó que en ellos “se privilegiará la libertad de argumentación, en un marco de respeto, civilidad y trato igualitario entre las candidaturas participantes”.

Si bien la ley establece la obligación de por lo menos un debate, el representante de la coalición que postula a Lucy Meza, pidió la celebración de tres, uno por cada región del estado (Cuernavaca, Oriente y Sur). La propia Lucy Meza, el 31 de marzo, presentaron otra solicitud para los tres debates. En paralelo, hubo reuniones con las tres coaliciones que postularon candidatas a la gubernatura para discutir el asunto de los debates.

Es decir, la solicitud para más debates existe y conforme al código electoral: “El Consejo Estatal podrá a, solicitud de uno o varios partidos políticos o candidatos independientes, organizar la celebración de debates. En el desarrollo de los mismos se garantizará la igualdad entre los participantes, así como la seguridad y el respeto a su dignidad personal”. Lo que no establece la ley es si hay obligación de los candidatos a asistir a todos los debates convocados por el órgano electoral.

Tampoco es para espantarse mucho, por cierto, hasta ahora en Morelos, ninguna transmisión de debate ha servido para cambiar diametralmente la tendencia de una elección. Sergio Estrada, Marco Adame, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco ganaron la elección sin importar sus triunfos o derrotas en los debates, a Cuauhtémoc Blanco le fue bastante mal en eso, por cierto.

Sin embargo, los posicionamientos previos y posteriores a los debates sí pueden influir en los electores. Habrá que ver cómo maneja cada candidata las fases de predebate y posdebate, que siempre resultan mucho más importantes.

@martinellito

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