Luis Raúl González Pérez
Estado de Derecho y Democracia son un binomio y se nutren recíprocamente. Donde no se respetan la ley y los derechos humanos no puede hablarse de Democracia al ser ésta, como lo dispone la Carta Democrática Interamericana, un derecho de los pueblos que no se reduce solo al aspecto electoral sino, como también lo indica el artículo tercero constitucional referido a la educación, al conceptualizarla como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Podemos afirmar que uno de los principales desafíos que nos revela el mundo actual es la edificación de la democracia constitucional como forma de gobierno, en la que los órganos de poder se obliguen al respeto y a la garantía de los derechos humanos, en primer lugar, los derechos de libertad, entre ellos el de expresión que, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye la piedra angular de una sociedad libre y democrática, que juega un papel relevante en el fortalecimiento y vigorización de cualquier régimen de libertades y derechos. La libertad de expresión es un elemento fundamental del ordenamiento jurídico en cuanto contribuye a la formación de la opinión pública, garantiza la existencia del pluralismo político y facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales.
En el mismo sentido, la mencionada Carta Democrática Interamericana señala que son elementos fundamentales para el ejercicio ciudadano en democracia, entre otros, la trasparencia de las actividades gubernamentales y el respeto de la libertad de expresión y prensa, de ahí que para considerar a un Estado Democrático de Derecho debe valorarse el grado de garantía de este derecho humano.
Si bien todo ejercicio de libertad de expresión es relevante, cuando lo ejercen los medios de comunicación, las y los periodistas, sus alcances y trascendencia tiene mayor relevancia en las sociedades, pues además de contribuir a formar la memoria histórica de las mismas, participan en la educación y formación de una conciencia crítica en las personas, siendo una de las vías principales para que conozcan la realidad que viven y, con base en esa información, tomen decisiones y orienten su participación en los asuntos públicos. Lo anterior requiere, entre otras cosas, que exista un diálogo y un debate constante plural e informado entre las personas, así como entre ellas y las autoridades a efecto de que se expongan y analicen los problemas públicos, se revise la actuación de las autoridades y ellas tomen conocimiento directo de lo que sienten y requieren las personas.
El desarrollo de una opinión pública informada y dinámica, propicia que las personas tengan un papel más activo en los procesos de toma de decisiones que incidan en el desarrollo y calidad de vida de la sociedad, en particular los relativos al campo político y de gobierno. En virtud de esto, los ataques y vulneración a derechos tales como la libertad de expresión o el derecho de acceso a la información, representan uno de los mayores riesgos y vulnerabilidades a la consolidación democrática de los Estados.
Un componente básico del ejercicio de esta facultad lo constituye la actividad periodística, las condiciones en que ésta se desarrolla, y el respeto de los actores públicos, privados y sociales deben tener. Esto no quiere decir que no se confronten con vigor las ideas, pero no autoriza la descalificación o la estigmatización y mucho menos las agresiones físicas.
Si bien en la actualidad la libertad de expresión se ejerce con mayor apertura por parte de la sociedad en general y, en particular, por los periodistas y comunicadores, no se pueden ignorar las amenazas e intentos de coartarla, llegando a convertir a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo documentan diversas organizaciones, como Artículo 19 que en el primer semestre de 2022 registró 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación, siendo el semestre más letal contra la prensa, por lo menos desde que esa organización inició labores en el país, con 12 asesinatos, agregando que en lo que va del segundo semestre se registran otros 6 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, elevando la cifra del 2022 a 18 homicidios.
Estas agresiones derivan en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, genera espacios de silencio en el país y vulnera los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática; así mismo se puede observar que además de las autoridades en primer término, los poderes fácticos, particularmente los relacionados con el crimen organizado, se convirtieron en censores de los medios de comunicación ante las investigaciones periodísticas que se realizan sobre delincuencia organizada.
Debemos crear conciencia de la importancia de la libertad de expresión para el Estado de Derecho y la democracia y de la amenaza que representa la violencia contra periodistas para las libertades. Todas las vidas son igual de valiosas, pero cuando se priva la vida de un periodista, como en alguna ocasión le expresé a un buen amigo periodista, en sus efectos es diferente, pues se lesiona no sólo el derecho de quien resintió la agresión, sino también el de la sociedad en su conjunto que ve afectado el derecho a la información y puede constituir un efecto inhibidor para otros periodistas que abordan temas o realizan investigaciones incómodas.
Terminar con la impunidad es la principal vía para revertir la violencia en contra de la prensa, se deben aclarar las agresiones, reparar el daño a las víctimas y castigar a los responsables, porque de no ocurrir así se daña la libertad de expresión, el derecho a la información de la sociedad y estimulan su repetición. En este sentido, las autoridades deben respetar el ejercicio de la libertad de expresión, así como garantizar que nadie se vea impedido de hacer uso de ella, debiendo generar las condiciones que permitan ejercer el derecho a comunicar información en condiciones adecuadas y sin obstáculos.
*Especialista en Derechos Humanos.
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