Luis Raúl González Pérez*
El artículo 40 constitucional define nuestra forma de gobierno como una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación. Pocas veces reflexionamos sobre la importancia de esta estructura establecida por el Poder Constituyente que articuló la unión de la Nación, diferenciado las competencias entre la federación y el resto de las entidades federativas. Lo anterior está en sintonía con el artículo 124 constitucional que establece la división de competencia entre ambos órdenes de gobierno, bajo el principio de que las autoridades federales solo pueden hacer lo que la propia constitución expresamente les faculta, en tanto las entidades federativas tiene competencia en lo no reservado a aquellas.
Lo anterior cobra relevancia en términos de las responsabilidades de las autoridades en el ámbito de sus competencias, particularmente el respeto al Estado de derecho. Cuando no referimos al cumplimiento de sus responsabilidades mayormente nos enfocamos en lo federal, pero es también importante voltear la mirada al cumplimiento que se da en este rubro en las entidades federativas. Un instrumento que nos da luz para ello lo constituye el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project, organización internacional independiente que, si bien evalúa a los países en general, realiza una medición particular del Estado mexicano a través de esta cuarta edición de este único índice subnacional.
Este índice muestra un retroceso en materia de Estado de Derecho que, según explica el reporte, se debió, entre otros, a tres factores, por un lado, el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, también al deterioro en los sistemas de justicia penal y por último a la falta de avances en materia de anticorrupción. El puntaje de medición es entre cero y uno, donde uno indica el máximo apego al Estado de Derecho. Llama la atención que ningún estado de la República está por encima de la media, pues el estado con la más alta puntuación, que es Querétaro, tiene un puntaje de 0.49.
De esta forma, podemos observar que los cinco estados con mayor puntaje son: como se dijo Querétaro con 0.49, Yucatán 0.47, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa con 0.46. En tanto los estados con menor puntaje son: Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo con 0.36, Morelos 0.35 y Guerrero 0.34.
Los factores que son medidos por este índice tienen que ver con los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales en donde en este rubro llama la atención que los últimos cinco estados de la tabla son Chiapas con 0.44 al igual que Quintana Roo, Guerrero y Puebla con 0.42, en tanto Veracruz 0.39, otros indicadores son el orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Si bien se puede ver por cada indicador enunciado la posición que guarda cada entidad federativa, podemos decir que éstas arrastran problemas para el efectivo cumplimiento del Estado de Derecho y uno de los aspectos sobresalientes es la falta de límites a la autoridad estatal, ello refleja que los contrapesos, ya sea públicos o privados, no están funcionando; es decir, la división de poderes y los controles sociales se desdibujan. Si a esto sumamos el déficit tanto en justicia civil como en justicia penal, sobre todo en este último aspecto, nuevamente aflora el tema de la impunidad y la corrupción, así como la violencia e inseguridad, como factores que deterioran el Estado de Derecho en México.
La federación, como dijimos, se integra con las 32 entidades federativas y el pacto de la federación, por ello el país requiere no solo que se exija a la autoridad federal el respeto al Estado de derecho, sino también a los gobiernos locales, que haya una autentica articulación entre las autoridades federales y estatales, que la justicia deje de ser selectiva con tintes políticos y apegada solamente a las constancias que se puedan desprender de los expedientes. La figura de un presidencialismo cada vez más fuerte no debe invisiblizar las responsabilidades de las autoridades estatales, que también protestaron cumplir la Constitución y las leyes. Los poderes legislativo y Judicial deben jugar su rol jurídico político de contrapesos, así como los organismos autónomos estatales.
Desde luego todos, no sólo las autoridades, debemos ceñirnos al cumplimiento de la ley, pero las autoridades son las primeras que deben hacerlo y dar el ejemplo, pero también las y los ciudadanos tenemos responsabilidades para no apartarnos de la misma y en su caso que quien incumpla la ley, con independencia de su estatus, asuma las consecuencias jurídicas de su conducta.
No se puede entender la democracia sin un estado efectivo de derecho.
*Especialista en Derechos Humanos
