El año que recién inicio nos pone nuevos desafíos que debemos atender para lograr una sana convivencia. El año pasado nos referirnos a diversas problemáticas que lamentablemente subsisten, por ello, este 2024, al estar cumpliendo doscientos años de constitucionalismo por el aniversario de la Constitución de 1824, debemos tener como reto el cumplimiento del Estado de derecho, que a su vez nos lleva al cumplimiento y aplicación estricta de la ley, particularmente por las autoridades. El Estado de Derecho, es un principio rector para la lograr la convivencia civilizada porque las facultades y los límites de las autoridades están claramente establecidos, y porque la ciudadanía tiene certeza de sus derechos y obligaciones; además, es un indicador importante para el adecuado funcionamiento de la democracia y para el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP), dado a conocer en 2023, y al que en otras ocasiones nos hemos referido, México cayó del lugar 115 al 116 de 143 países evaluados. Su puntuación fue de 0.42 de un punto posible, por debajo de la media. Es el quinto año consecutivo en el que la organización marca un retroceso en el Estado de derecho en México, toda vez que en el reporte de 2017-2018 tenía una calificación de 0.45. Los datos anteriores muestran cómo no se ha dado cumplimiento al marco legal vigente.
Un aspecto prioritario vinculado que se debe atender es el de la seguridad, que es uno de los principales problemas que aqueja a los mexicanos. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 60.5% de población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más importante que le agobia. Como se sabe, los delitos más graves y dolorosos son los homicidios, desapariciones, secuestro, feminicidios, masacres, en donde hemos visto en últimas fechas que ante esta grave tragedia su atención se ha reducido a la discusión sobre la diferencia por los números, las estadísticas, sin mostrar eficiencia en la operatividad para combatirlos.
Entre los factores a considerar dentro del combate a este flagelo de la inseguridad es la impunidad, en donde existe un gran déficit toda vez que, como muestra la ENVIPE, el porcentaje de delitos denunciados en 2022 fue de 10.9%. Sin embargo, de las denuncias que se presentaron, solo 69.3% fueron iniciadas por el Ministerio Público. El resultado de las investigaciones fue negativo en el 77.5% de los casos. Solo 15.5% de las denuncias arrojaron un resultado positivo para la o el denunciante. Lo anterior significa que, en 2022, solo fueron castigados de alguna manera los responsables de cometer el 1.2% de los delitos. Lo que significa que la impunidad llegó a un 98.8%.
En el cumplimiento de derechos sociales también se pueden señalar rezagos como es en el derecho de acceso a la salud, que conforme al CONEVAL existe un número de 54.7 millones de personas sin atención médica, además del alto número de desabasto en medicamentos, llegando al extremo de presentarse un alto incremento de amparos tramitados en este rubro. Otro déficit se da en educación, en donde se indica que 25.1 millones de mexicanos tienen carencias.
De otro lado, se observa el cotidiano embate a los organismos constitucionales autónomos buscando su debilitamiento y con ello el propio deterioro de los controles de pesos y contrapesos que deben existir en un Estado democrático. Un ejemplo de lo anterior es la falta de designación de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información que sustituirán a quienes terminaron su periodo, afectando con ello seriamente el derecho de acceso a la información de la sociedad. Lo anterior se ve como una política de opacidad que se suma a las múltiples reservas de información que ha hecho el gobierno, clasificado obras como de seguridad nacional, así como la desaparición o desactualización de páginas de bases de datos de dependencias de la administración pública federal. Otro caso, en el mismo sentido de buscar su debilitamiento, es el del Instituto de Nacional Electoral que vía reformas legales se buscó modificar su estructura, afectando su autonomía e independencia, el servicio profesional electoral, la estructura desconcentrada, el padrón electoral, previo al proceso electoral que se avecina.
También se han dado embates contra el Poder Judicial de la Federación buscando debilitarlo al culparlo supuestamente de dictar sentencias que no favorecen al pueblo. Se pierde de vista que las sentencias se dictan no para complacer a unos o a todos, sino para, a partir de la ley y los hechos planteados, cumplir con la Constitución y las normas que de ella derivan. Esto significa que sus resoluciones puedan ser polémicas o controvertidas, incluso, impopulares, pero la tarea del juez no es complacer a alguien, sino velar por la constitucionalidad y legalidad. Desde la Presidencia de República se ha manifestado, desde su designación el 2 de enero de 2023, diferendos con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y expresado duros señalamientos buscando minar su independencia judicial. Un aspecto que resaltar es el llamado para lograr mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso para, entre otras cuestiones, buscar la cuestionable designación de los jueces, magistrados y ministros, por la vía del voto directo.
El reporte del referido WJP, señala como uno de los factores marcados en rojo el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales, como la prensa y la sociedad civil, cayendo de 0.58 a 0.48 en las dos ediciones más recientes. En el caso de libertad de expresión el organismo ubica a México en el lugar 96, con 0.48. Este indicador se ha caído consistentemente desde su 0.58 en 2015. Un aspecto que ha contribuido a la baja calificación son los señalamientos de que la le prensa obedece a intereses y es opositora del gobierno, lo que ha traído la consecuencia de estigmatizarla a través de un discurso polarizante que pone en riesgo a las y los periodistas y defensores de civiles.
Debemos todos, pero principalmente la autoridad, ceñirnos a la ley y los derechos fundamentales, y ante el incumplimiento debe haber consecuencias. La Constitución y los derechos que de ella emanan, merecen siempre respeto, particularmente en este año de elecciones, en donde se elegirá al titular del ejecutivo federal y más de 20 mil cargos, ello evitaría continuar con polarizaciones que nos dividan y confronten más.
*Especialista en Derechos Humanos