Desde 2010, la ONU declaró que cada 24 de marzo sería conmemorado el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sabemos que hay muchos problemas con las actuaciones de organismos internacionales como la ONU, pero también es verdad que este tipo de conmemoraciones sirven en términos prácticos o estratégicos: pueden ayudan a que temas relevantes ocupen espacios en las discusiones públicas.
Así sucedió cuando, en días pasados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aprovechó la fecha para difundir un video (de elaboración propia y disponible en línea de manera gratuita) donde explica una práctica poco conocida por la sociedad mexicana: los llamados “vuelos de la muerte”, donde personal militar arrojaba al mar el cuerpo de personas que, por diferentes cuestiones, eran consideradas indeseables.
Aún no hay certeza sobre el número de víctimas de los vuelos de la muerte, ni cuántas personas con responsabilidades públicas —tanto militares como civiles— estuvieron involucradas. En 2002, los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron acusados por su responsabilidad (muy bien documentada) e inició un juicio en su contra. A pesar de que la investigación mostró resultados trascendentes, fue cerrada antes de que se dictara sentencia.
Hoy en día vuelve a existir una investigación sobre éste y otros temas relacionados. Poco después de la toma de protesta del presidente López Obrador, fue creada una comisión encargada de indagar sobre los hechos. La comisión debe entregar un informe en los próximos meses, antes del cambio de gobierno; sin embargo, hay actuaciones políticas que dificultan el trabajo. Por ejemplo, el comisionado David Fernández ha denunciado que “personal miliar ha incurrido en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación e inutilización parcial o total de expedientes”. Por ello es tan importante recordar este tipo de crímenes en el marco de un día dedicado al derecho a la verdad y en relación con violaciones graves a los derechos humanos.
Hay personas y colectivos que, durante décadas, han buscado a familiares o seres queridos que fueron víctimas de violencia estatal. Muchas y muchos de ellos son de edad avanzada y estamos ante la que quizá es la última oportunidad de darles lo mínimo que merecen: verdad y justicia.
Por desgracia, es claro que dentro las fuerzas armadas hay resistencias a colaborar y, además, el aumento de su presencia pública no lo vuelve más fácil. Los vuelos de la muerte eran ejecutados por elementos militares y es imprescindible que de acceso a bitácoras de vuelo y toda aquella información castrense relacionada con los hechos y que, como sabemos, se archiva por protocolo. Como documenta el video del Centro Prodh, hay testimonios que aseguran que existe un registro de las víctimas de los vuelos. ¿Dónde está?
Pero no sólo eso. Organismos comprometidos con las luchas por verdad y justicia, como el Centro Prodh, han sido objeto de ataques injustos e infundados por parte del presidente. En este caso, hay dos bandos bien identificados: quienes promueven la justicia (como el Centro Prodh) y quienes la impiden (mandos militares, por ejemplo). Ahora que estamos a unos meses de que finalice el sexenio, ya no quedan dudas de que presidente eligió defender a los segundos. Con todo y el complejo contexto político actual (sobre todo en términos de violencia), ese también será parte del legado de este gobierno.
El decreto presidencial que dio pie a la comisión de la verdad establece que las fuerzas armadas colaborarán en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos, pero no ha sido así. Autoridades militares podrían señalar que no hay evidencias del registro de personas víctimas de los vuelos de la muerte; el problema es que no quedaría claro hasta que den acceso pleno a sus archivos, a lo cual están obligadas por ley. Con todo y que hay suficiente evidencia histórica, el ejército aún no ha tenido ningún reconocimiento público de su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un tema que no sólo concierte a los colectivos de víctimas; por el contrario, es un problema público. Estamos ante prácticas sistemáticas que intentaron callar la voz de sectores específicos por cuestiones políticas. Aunque entre historiadores e historiadoras está claro, hace falta discutirlo más ampliamente, plantearlo como lo que es cuando hay interés por la justicia: Sin archivos no hay verdad.
* Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora.