La extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública mantenía una red de corrupción en los centros de reinserción social de Morelos que incluía también la contratación de “aviadores”, el abandono de la vigilancia que permitía prácticas de extorsión desde las cárceles, entre otros problemas que obran en siete expedientes de denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del estado que en breve podría presentarlas ante la Fiscalía Anticorrupción.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano expresó su confianza en el nuevo fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, a quien aseguró se le apoyará en lo que se pueda para aportar elementos de prueba que lleven a la judicialización de las denuncias.
“Se han hecho varias denuncias que están en Contraloría del Estado y hay que tomar en cuenta que… ya se están trabajando y será la Contraloría del Estado quien ratifique esas denuncias y nosotros aportaremos más evidencia de lo que se considere… Yo tengo al menos siete denuncias muy fuertes por el abandono que tuvieron los centros de reinserción social”, informó.
Abundó que al inicio de la administración en todos los penales de Morelos había cinco cámaras, “ahorita con mucho esfuerzo hemos instalado 247 cámaras, no existían cabinas telefónicas, lo que daba pie a la extorsión, había una colusión enorme de gente que pedía puestos de aviadores y que no desempeñaban sus funciones”.
Recordó que desde hace dos meses se trabaja en rehabilitar “el famoso centro de Alta seguridad número 10, donde estamos actualizándolo para que las mujeres tengan un lugar seguro”.
