Ante la presencia de 12 legisladores, Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos (FGE), rindió su undécimo informe de actividades correspondiente al periodo de febrero a julio de 2023 ante el Congreso del Estado. Durante su exposición, el fiscal informó que en ese lapso se registraron más de 600 denuncias por desaparición de personas y se valoraron más de 8 mil restos en fosas clandestinas. Además, se reportaron 27 feminicidios en el mismo periodo.
Durante la comparecencia, prevalecieron las preguntas sobre los avances en la investigación del feminicidio de la diputada Gabriela Marín Sánchez, ocurrido el 5 de octubre pasado. Los diputados le requirieron al funcionario aclarar el tema de las acusaciones en su contra y si ha considerado separarse de su cargo para enfrentar los procesos penales que se le imputan.
A pesar de las felicitaciones que recibía en ocasiones anteriores, Carmona Gándara se mostró menos sonriente durante esta comparecencia. Continuando con su informe, anunció que se destinarán 87 millones de pesos para la construcción de una primera etapa del Instituto de Procuración de Justicia y la nueva Agencia del Ministerio Público de Cuernavaca.
El Fiscal aseguró que la dependencia ha utilizado una tercera parte del presupuesto asignado, que supera los mil millones de pesos. “Para el año 2023, se nos asignaron mil 82 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 384 millones de pesos de febrero a julio. Se destinaron 67 millones de pesos en fondos federales para dignificar al personal y 2 millones de pesos para combatir crímenes relacionados con la violencia de género”.
En cuanto a las denuncias de desapariciones, Gándara informó que se reportaron 605 personas desaparecidas en ese periodo, de las cuales 378 fueron localizadas con vida, 44 sin vida y 180 siguen pendientes. Además, se entregaron 98 cuerpos, se realizaron 13 exhumaciones, 27 búsquedas de campo, 16 cateos y se emitieron 16 sentencias por desaparición.
Por su parte, la diputada del partido Redes Sociales Progresistas (PRSP), Ericka Hernández Gordillo, cuestionó por qué, a pesar del aumento de 20 millones de pesos para la investigación de feminicidios este año, solo se han logrado 16 sentencias. Además, señaló que se cometieron 65 homicidios contra mujeres, de los cuales 27 se clasificaron como feminicidios y 31 fueron judicializados.
En su oportunidad, la legisladora Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega le planteó tres cuestionamientos al fiscal, el primero concerniente a “qué va a hacer la Fiscalía ante las trasgresiones de la soberanía estatal”; el segundo sobre las causas por las que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra “tomada”, y el tercero relacionado con los avances de las investigaciones del asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez.
El caso de Gabriela Marín
Los avances en el caso del asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez fueron cuestionados por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien pidió información sobre el caso. El Fiscal General respondió que, aunque no se puede compartir públicamente el contenido de la carpeta de investigación, los miembros de la Legislatura tienen la facultad de revisar el expediente.
“Es un día de luto para el Congreso del estado, hace un año le arrebataron la vida a nuestra compañera, y es por ello que queremos pedirle nos comente de los avances que se tienen en este caso que nos atañe y nos preocupa. Gaby Marín fue víctima de la violencia que se vive en el estado, la falta de policías, de cámaras, de prevención, de responsabilidad de la seguridad, es una víctima más”.
En su respuesta, el Fiscal General, dijo compartir el luto y el dolor de la familia, sin embargo, dijo que el sigilo de la carpeta no se puede compartir públicamente, pero sí los integrantes de la Legislatura tiene la facultad de revisar el expediente.
“Tenemos a personas identificadas y estamos buscándolas. Lamentamos que no se haya logrado una detención en flagrancia cuando ocurrió este crimen. Siempre hemos sostenido que se debe reforzar el estado de fuerza de las corporaciones policiales municipales y estatales”.
El Fiscal garantizó que no se “fabricarán” pruebas, pero confió que se llevará a los responsables ante la justicia. También enfatizó que no se deben atribuir culpas entre las instituciones.
El diputado Arturo Pérez Flores, le reiteró al titular de la FGE, su petición de separarse de su cargo, ello al considerar que existe un alto nivel de impunidad en la entidad, así como para que afronte los procesos penales que tiene pendientes y por carecer de los exámenes de control y confianza que mandata la ley y que “hoy sabemos que son susceptibles de sanción”.
