Estrella Pedroza
Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, pretende eliminar beneficios y derechos de ley a cuatro magistrados en retiro, según denunciaron los afectados.
Esto se desprende de un comunicado de prensa emitido desde el área de comunicación social en el que, según la interpretación de los magistrados inconformes, se insinúa que están siendo excluidos y eliminados del Poder Judicial sin ninguna garantía.
Mediante un video difundido en redes sociales, Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado en retiro, en nombre de la magistrada en retiro María Idalia Franco Zavaleta, y los magistrados en retiro Rubén Jasso Díaz y Norberto Calderón Ocampo, precisó que el pasado 14 de julio se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el decreto número mil ciento dos, que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Esta reforma tiene como objetivo adecuar la figura del haber de retiro.
“La estabilidad y la inamovilidad son garantías de independencia en el ejercicio de la magistratura, ya que es necesario que los titulares tengan asegurada una condición de previsibilidad en términos de su permanencia en el cargo, de modo que no exista amenaza o temor de ser separados o afectados en el ejercicio de sus funciones de manera arbitraria, como represalia por las decisiones jurisdiccionales que deben adoptar”, destacó Arenas Ángeles.
Añadió: “¿qué representa hablar de garantías de estabilidad y de inamovilidad? Estas brindan certeza a los magistrados y magistradas de que las decisiones autónomas e independientes que deben tomar no pondrán en riesgo ni comprometerán su permanencia en el cargo; es decir, que los juzgadores solo podrán ser removidos de la titularidad que ostentan bajo causas y procesos de responsabilidad expresamente previstos en la ley, pero jamás en razón de las resoluciones emitidas en el ejercicio pleno de su potestad jurisdiccional”.
El magistrado en retiro resaltó que contar con esos beneficios es una garantía que les otorga el propio cargo al estar al frente de una magistratura.
“Es una garantía inherente al cargo de los magistrados y magistradas, que es exigible frente a los poderes del estado, y que se traduce en una garantía de autonomía institucional, que además tiene su justificación directa en el derecho humano y universal del acceso a una justicia imparcial e independiente”, dijo.
Agregó que esa estabilidad e inamovilidad de los magistrados “es una realidad a través de un nombramiento temporal y al final de dicha temporalidad, la seguridad de un haber de retiro, lo que la convierte en una expresión de una garantía a favor de la sociedad para que el poder judicial se integre con juzgadores profesionales, dedicados de forma exclusiva a su labor, despreocupados de su futuro a corto, mediano e incluso largo plazo, y sujetos únicamente a los principios y exigencias propias de la función judicial, que, desde luego, deben garantizarse para evitar tentaciones o preocupaciones para el retiro”.
Arenas, en nombre propio y de sus homólogos, aclaró que la inamovilidad judicial no debe ser garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga, se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige, ya que esta garantía tiene sus propios límites, implicando no solo la sujeción a la ley sino también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley.
“Por lo expuesto, concluimos que el documento, que aparentemente proviene de comunicación social del TSJ, omite señalar lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quinquies y 26 Sexies de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos; por lo tanto, indebidamente se omite la figura del Magistrado en Retiro; ya que seguimos formando parte de la institución, pero con la calidad de en retiro”, destacó.