“La investigación es fundamental para la transformación de la sociedad. Por eso estamos aquí dando el respaldo a la comunidad de investigadoras e investigadores, al entender que la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología no beneficia a la sociedad, marca un retroceso y como sociedad y autoridades tenemos la obligación de fijar una postura clara y contundente en apoyo a quienes hoy nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas mexicanas y mexicanos al realizar investigaciones en Ciencia y Tecnología”, aseveró el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
Lo anterior, al participar este viernes en el foro “Mitos y Realidades sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología”, organizado por la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), en coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde puntualizó que, si bien se podría considerar que esta norma tiene aspectos novedosos y positivos, el fondo es todo lo contrario para la investigación, pero también para el país, ya que no abona a fortalecer el contenido del artículo 3 constitucional ni a la mejora del respeto y progresividad de los derechos humanos de todas y todos en general.
Teniendo como escenario el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, José Luis Urióstegui enlisto algunos de los factores negativos de esta ley, como la reducción al mínimo en la posibilidad de que más personas se integren al grupo de investigadores, que el Consejo Directivo del otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), este integrado por todas las dependencias federales, lo cual hace que los criterios que se emitan sean acordes a las necesidades del gobierno y no a las de la sociedad en general como debe ser, poniendo el ejemplo de la capital del estado donde las y los investigadores han participado en los momentos más difíciles de la pandemia, recibiendo la autoridad municipal consejos y directrices para beneficiar a la población y evitar riesgos innecesarios.
Además, destacó que la ley no solo concentra en el gobierno federal al Sistema Nacional de Investigación, sino que obliga a los estados y a los municipios en ciertas responsabilidades y competencias que antes no tenían, lo que va a generar la obligación de canalizar presupuesto que no tienen.
Al dar las palabras de bienvenida, el presidente de la ACMor, el doctor Alejandro Sánchez Flores, manifestó la importancia que debería tener para los gobiernos el desarrollo científico y tecnológico de país, otorgando financiamiento, seguimiento y acercamiento, pero sobre todo que les permita tener la libertad de hacer investigación que en un futuro sea relevante para la sociedad en conjunto, respetando el artículo 3 constitucional, que señala el derecho a la educación, a la ciencia y sus beneficios.
En el marco de las ponencias, la directora de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la doctora Patricia Mussali Galante, recordó que la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología se aprobó el 26 de abril por la Cámara de Diputados y el 28 de abril por la Cámara de Senadores, habiéndose completado solo dos foros del parlamento abierto de los siete pactados originalmente para ser publicada el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor a partir del día siguiente, a pesar de contar con algunos puntos que han generado incertidumbre entre la comunidad de investigadores.
Entre ellos, Patricia Mussali resaltó, que en la agenda de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación dictada por el CONACyT canaliza recursos únicamente a los temas que forman parte de los programas nacionales estratégicos, habla de ejes estratégicos y prioridades de investigación, pero no define quien los establecerá, así como genera un futuro incierto para las nuevas generaciones de científicos, toda vez que no contempla los mecanismos por los cuales se crearían nuevas plazas de investigadores.
Por su lado, el investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el doctor David Romero Camarena, señaló que como morelense le preocupa la pobre asignación de atribuciones hacia los estados, puesto que refiere en seguir las instrucciones de la Federación, haciendo llegar solo como opiniones el sentir de las y los investigadores hacia el Conacyt, “viviendo en un estado en el cual el impacto de la ciencia es patente, en el cual el número de investigadores por habitantes es superior al de muchos estados de la República y secundarios únicamente a la Ciudad de México, creo que preocupa mucho y debiera ser un elemento para que todos los gobernadores, particularmente el de Morelos, retomarán la lucha y el poder recuperar las competencia que el estado si tenía”.
Finalmente, la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la doctora Brenda Valderrama Blanco, enfatizó que la norma redujo los recursos hasta en un 90 por ciento, por lo que la intención de estas acciones informativas es activar los mecanismos que permitan la solución de problemas reales y concretos a través de la ciencia y tecnología, pero también desean que estas soluciones impacten a la sociedad directamente con empleos y la generación de riqueza e indirectamente, que es generar sus propias soluciones a los problemas y no depender de las que manden desde el extranjero.
Invitó a los asistentes a seguirse informando y sumarse a la batería de acciones legales que se están orquestando desde diferentes sectores y ámbitos, con el objetivo de derogar esta ley y comenzar de cero, con una discusión amplia e incluyente que no solo escuche a los científicos, sino a la comunidad quienes deben ser los beneficiados de la ciencia y la tecnología en México.
Redacción
