La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se activen los protocolos necesarios para proteger la integridad de Lucy Meza Guzmán, senadora y candidata a la gubernatura del Frente Amplio por Morelos.
Lo anterior, luego de que a finales del 2023 Lucy Meza, candidata a la gubernatura por Morelos denunciara amenazas para hacerla desistir de sus aspiraciones políticas; y que el pasado 25 de enero varios medios de comunicación informaron sobre nuevas amenazas de muerte en contra de Lucy Meza, a través de la instalación de mantas colocadas en la vía pública, de las que se desprendió “Lucy Meza que no te extrañe que en cualquier reunión con Ángel García te llegue a balacear”.
En el oficio número CDHM/VI/001/2024, de la Visitaduría Itinerante de la CEDHM, dirigido a la consejera presidenta del IMPEPAC Mireya Gally Jordá y a la titular de la Comisión de Quejas del INE Beatriz Claudia Zavala Pérez la comisión expone:
“Se da vista al Instituto Nacional Electoral con efecto de denuncia a fin solicitar su valiosa intervención y colaboración interinstitucional para que, de ser procedente, actúe conforme al Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y al Protocolo para la atención a víctimas y elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género emitidos por dicho Instituto, a fin de que se dicten las medidas de protección necesarias y suficientes para salvaguardar los derechos político-electorales de Lucia Virginia Meza Guzmán”, se lee en el documento.
Además, “ se da vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales de Participación Ciudadana, a fin de generar acciones de apoyo, en el ámbito de su respectiva competencia, dirigidas a atender el presunto caso de violencia política por razón de género contra Lucia Virginia Meza Guzmán y brindar el acompañamiento para garantizar su participación como mujer en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos-electorales y, a su vez, solicitar la intervención de la Red Nacional de Candidatas a Puestos de Elección Popular, para el efectivo y puntual seguimiento al presente caso de violencia política”.
También se informa en el oficio a las autoridades del INE y del Impepac que cuentan con un plazo de 10 días para implementar las acciones necesarias, con el objetivo de proteger a la virtual candidata a la gubernatura.