“La violencia inhibe la participación ciudadana en el proceso electoral y, en Morelos las elecciones ya se tiñeron de rojo”, aseguró José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en la entidad (CIDHM).
Al recordar el asesinato del regidor morenista Giovanni Lezama -y quien también aspiraba a la candidatura por la diputación local- suceso ocurrido el pasado 5 de enero de este año, Martínez Cruz lamentó la postura del comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, tras referir que una vez que concluya la elección “la violencia comenzará a disminuir”.
El activista llamó a las autoridades a revisar y cambiar la estrategia de seguridad, pues “nada están haciendo; es su obligación garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz de todos los ciudadanos, no es posible que así de fácil se deslinden de lo que sí les corresponde hacer. A la ciudadanía les decimos: que el miedo no los paralice, hay que ejercer el derecho al voto, pero también las autoridades que cumplan con su responsabilidad, porque las elecciones ya están en riesgo”, advirtió.
En los primeros días del 2024 que en México se registraron tres asesinatos de actores políticos que buscaban contender en el actual proceso electoral, en Colima y Chiapas, además de que victimó al regidor Giovanni Lezama en Morelos.
El priista David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas, y aspirante a alcalde de aquel municipio por el Frente Amplio por México (FAM), coalición integrada por el PRI-PAN-PRD, y el emecista Sergio Hueso, quien buscaba ser presidente municipal de Armería, Colima, fueron asesinados el pasado viernes.
De acuerdo con Martínez Cruz, al ser ésta una elección donde más de 20 mil cargos están en juego, lo que se traducirá en por lo menos 50 mil contendientes “la violencia se recrudecerá; ahora, si así lo han advertido las propias autoridades encargadas de la seguridad, sería bueno preguntar ¿qué están haciendo para frenarla?”.
Otro escenario que se ha detectado es que las agresiones contra políticos, en procesos anteriores ocurrían una vez que asumían los cargos; actualmente las amenazas son contra quienes apenas aspiran a una candidatura, un aspecto que debe considerarse “puesto que eso hablaría de una infiltración de las organizaciones criminales”, apuntó.
La condena por los tres asesinatos de los aspirantes a las candidaturas las ha hecho la propia precandidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien calificó los hechos como “graves y delicados”, sobre todo porque se trata de personajes que representan a la oposición, aunque a decir de diversos organismos, ningún partido político queda exento de sufrir agresiones hacia sus candidatos.