El alcalde con licencia, José Luis Urióstegui Salgado resaltó las violaciones al debido proceso, dentro de las investigaciones sobre el desplome del puente colgante del Paseo Ribereño, tras la filtración del documento de judicialización del caso, y donde se menciona a supuestos implicados y los delitos por los que se les pretende acusar.

Urióstegui Salgado, quien también es candidato a la alcaldía (vía la reelección), por la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos”, atribuyó el tema a la efervescencia política que se vive durante los procesos electorales.

“Lo que me sorprende más de que hayan hecho la petición de judicialización, es que la hayan filtrado a medios; viola el debido proceso, se afectan garantías y derechos humanos y, obviamente es una cuestión política para afectar el proceso electoral”, acusó.

Un desaseo en la Fiscalía, además de “la falta de decencia del fiscal (Juan Salazar Núñez)”, se señaló por parte del candidato, quien insistió en que la institución está siendo utilizada para emprender persecuciones políticas, afectando con ello a la población, pues se desatienden, jurídicamente los asuntos.

Por ejemplo, recordó que la administración que encabeza ha presentado decenas de denuncias contra la administración del exalcalde Antonio Villalobos, que hasta ahora no muestran avance alguno.

El documento filtrado y expuesto en redes sociales pide atender la causa penal C/ 374/ 2023, solicitando la audiencia inicial (formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares) que dicha fiscalía pretende realizar al ex alcalde, Antonio Villalobos Adán; Gilberto Arce Bazabe, Esaú Mondragón Corrales, Miguel Gutiérrez Machuca, Luis Noé Bretón Pérez, Raymundo Nova Castro, Gerardo Peña Abarca, Jesús Mancera Domínguez, Jesús Mancera Domínguez, Daniel Blanco Escudero y José Luis Urióstegui Salgado, por los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones.

Autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), buscan presentar ante un juez a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Cuernavaca, ante su posible responsabilidad en el colapso del puente colgante del Paseo Ribereño, ocurrido en junio del 2022.

El colapso del puente colgante del Paseo Ribereño (en la Barranca de Amanalco), ocurrió el 7 de junio del 2022, al momento en que el alcalde José Luis Uriostegui, su esposa María Luz Zagal, regidores, funcionarios e invitados especiales lo cruzaban; el desplome ocasionó la caída de 20 personas, de una altura de poco más de dos metros de altura. Ocho personas resultaron con lesiones de consideración.

La rehabilitación de todo el Paseo Ribereño, el cual tuvo que cerrar tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017, tuvo un monto destinado de 3 millones 410 mil 729 pesos. La obra fue adjudicada en junio de 2021 por el Gobierno del entonces alcalde morenista Antonio Villalobos Adán por licitación restringida a solo 3 invitados, el ganador fue Pejume Construcciones, S.A. de C.V. La obra no incluía la intervención del puente colgante, según se informaría en su momento.

De acuerdo con la información del ayuntamiento de Cuernavaca el contrato de la obra inició el 21 de junio de 2021, el convenio de inversión con el gobierno estatal que financió la obra, concluyó en septiembre de ese año. En ese mes de octubre, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco supervisó la obra.