Morelos despedirá el 2023 en los primeros lugares de incidencia en muchos delitos de alto impacto. Son conocidas las cifras de homicidios dolosos (más de mil 500), feminicidios (41 reconocidos oficialmente hasta noviembre), secuestros (27 denunciados en los primeros once meses), que junto a cinco mil quinientos casos de violencia familiar, más de 14 mil robos diversos, entre otros delitos, evidencian el aumento de la inseguridad en todo el estado. Lo que no dicen las cifras ni los rankings, si se les lee solamente como números, es que Morelos padece la más grave crisis de que se tenga memoria en las instituciones de seguridad pública. Fiscales perseguidos y encarcelados, jefes policiales que recomiendan no pasar por carreteras o por municipios completos, falta de coordinación entre las fuerzas del orden, alta percepción ciudadana de corrupción en los poderes públicos, ineficacia en la impartición de justicia, son algunos de los elementos que contribuyen al crecimiento de la delincuencia y a un índice de impunidad que supera el 90%.
Las advertencias del Comisionado Ortiz Guarneros
Desde que comenzó el 2023, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, advertía que se esperaba un año violento y advertía de grupos criminales buscando posicionarse en el estado incluso, decía, a través del financiamiento de grupos políticos para insertarse en los gobiernos locales, particularmente en los municipios. Enero cerraría con 99 homicidios dolosos, 23 más que el mismo mes del año anterior.
Sobre el aumento de los delitos, en febrero el comisionado aventuraba: “No están matando gente inocente, la mayoría de los que han estado ejecutando tienen antecedentes penales, digo, no quiero criminalizar; pero sí es una realidad”.
Ortiz Guarneros es el responsable de la estrategia policiaca de Mando Coordinado que, salvo en Cuernavaca y otros tres municipios, coordina la prevención del delito en el estado. Cada vez que es posible destaca que, en la capital de Morelos, el centro poblacional más grande del estado, se cometen más delitos y acusas “es que no están en el Mando Coordinado y no los podemos ayudar más”.
El diagnóstico de Ortiz Guarneros fue presentado a mediados de febrero, en un acto para anunciar el aumento salarial de 14% a 886 policías estatales. Ahí también reveló que en el estado se habrían detectado hasta quince grupos delictivos en guerra.
En abril, después del asesinato de tres jóvenes trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública en Huitzilac, el comisionado reconoció que no eran los únicos casos y recomendó entonces evitar detenerse en las carreteras México-Cuernavaca, libre o de cuota, para no convertirse en víctimas de las tres bandas criminales que operan en la región.
Días después, agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un sujeto apodado El Diablo, quien a decir de la autoridad habría participado en el triple homicidio y formaría parte de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos, secuestro y tala clandestina. Pero el sujeto saldría semanas después e iniciaría una denuncia por presuntos actos de tortura.
Frente a ello, el comisionado lamentaría que familias enteras en Huitzilac se dedicaban a la comisión de delitos y otras más a la protección de delincuentes. Frente a la insistencia de las declaraciones restauranteros y otros empresarios de Huitzilac llamaron al comisionado a ser prudente en sus dichos y reforzar la vigilancia en el municipio.
En junio y frente a la demanda del diputado Julio César Solís para que en 30 días disminuyera la inseguridad en Morelos o presentara su renuncia, el comisionado retó al legislador a darle en el mismo plazo más policías y más recursos para equiparlos. Morelos cerró ese mes con 570 homicidios dolosos registrados, 66 más que en el primer semestre del 2022.
Pese a que el dato de los policías es cierto, en Morelos hay un déficit de alrededor de dos mil elementos; también lo es que desde el Congreso del estado se incrementaron los recursos para seguridad pública, especialmente para la contratación de policías, pero pocos morelenses se han reclutado, como reconoce también el comisionado.
Fiscales sí comen fiscales
El 4 de agosto, Uriel Carmona Gándara empezó a transmitir en vivo en su cuenta de Facebook desde temprano. También se dio tiempo de buscar entrevistas en medios nacionales a los que les advertía, “me van a detener y me van a llevar a la cárcel”. Lo mismo les dijo a sus familiares y su personal más cercano.
Afuera de su casa alrededor de 40 elementos federales, estatales y de la Fiscalía de la Ciudad de México, armados y con patrullas escoltando un vehículo blindado de traslado, se habían desplegado desde el amanecer para cumplir dos órdenes, una de cateo y otra de aprehensión por el delito de retardo de la justicia en agravio de la sociedad giradas en contra del fiscal general.
El caso era aparentemente sencillo, a principios de noviembre del 2022, Uriel Carmona había declarado ante medios de comunicación que, conforme a la necropsia realizada al cadáver de una joven que fue tirado en la entrada de Cuernavaca, la causa de su muerte había sido broncoaspiración, con lo que se descartaba un probable feminicidio. Los hechos habían ocurrido en la Ciudad de México, que abrió una investigación por feminicidio y acusó al fiscal de pretender ocultarlo, por lo que decidió abrir una carpeta de investigación contra el fiscal de Morelos, a la sazón, adversario político de Cuauhtémoc Blanco desde el 2018, y de Claudia Sheinbaum desde 2022.
“Me piensan fabricar delitos”, acusaba el fiscal poco antes de abrir la puerta a quienes se lo llevarían para apresarlo en el Reclusorio Sur.
Con la detención empezaría una colección de procesos jurídicos en contra del fiscal y algunos de sus colaboradores, pero desde la Fiscalía General de Morelos en contra de otros personajes locales, particularmente de la Fiscalía Anticorrupción.
Uriel Carmona obtuvo pronto un amparo, que fue combatido con una nueva orden de aprehensión por otro delito en la misma carpeta de investigación, en ese caso fue trasladado al penal de alta seguridad del Altiplano; luego logró un nuevo amparo que fue combatido con otra orden de aprehensión; lo mismo ocurrió una cuarta vez, pero en esta ocasión, el 14 de septiembre, se le vinculaba a proceso por un nuevo delito, el de tortura en contra de “El Diablo”, el presunto maleante de Huitzilac que había sido aprehendido el 21 de abril, esta vez la orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, con lo que la crisis en las fiscalías de Morelos se agravaba.
El largo sitio de la Fiscalía Anticorrupción
El 13 de septiembre, Juan Salazar Núñez solicitó licencia para separarse temporalmente de la Fiscalía Anticorrupción para participar en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Apenas horas después, elementos de la Fiscalía General de la República presentaron al responsable del despacho, Edgar Núñez Urquiza, una carpeta que, a juicio del prosecutor, estaba perfectamente integrada. En ella se documentaba, aseguró entonces Núñez Urquiza, un caso de tortura ejercida por el fiscal Uriel Carmona y elementos policiacos a su cargo, en contra de un presunto delincuente de Huitzilac que fue liberado por el juez de la causa por presuntas violaciones al debido proceso. Núñez Urquiza integró la carpeta e inmediatamente fue a pedir una orden de aprehensión a los juzgados de Morelos.
Faltaban unas horas para que iniciara un largo puente. Uriel Carmona había obtenido casi al mismo tiempo una suspensión de su más reciente orden de aprehensión obsequiada a la fiscalía de la CDMX, y estaba por salir esa misma tarde. El proceso se retardó justo el tiempo necesario para que elementos policiacos de Morelos se presentaran a reaprehender al recién liberado (apenas unos minutos antes), y trasladarlo al penal de Atlacholoaya en Morelos.
Durante la noche de ese mismo día, elementos de la Fiscalía de Investigación Criminal se apersonaron en la Fiscalía Anticorrupción para dar posesión a Isaías Rodríguez Moreno, hasta entonces trabajador de la Fiscalía General, como sucesor de Juan Salazar Núñez. Junto con el nombramiento, se había removido del cargo por pérdida de confianza a funcionarios en contra de quienes se había abierto investigación por presuntas irregularidades en su gestión. Uno de ellos era el propio Núñez Urquiza.
En la audiencia del fiscal Carmona, programada para el día siguiente, no llegó la carpeta de investigación, pero elementos de la Fiscalía General de la República tenían un respaldo y pidieron atraer el caso, así se vinculó a proceso al fiscal que luego obtendría un nuevo amparo para llevar el proceso en libertad.
Pero el daño estaba hecho, la Anticorrupción fue nuevamente sitiada el 21 de septiembre, ahora por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina, para hacer cumplir un amparo que reinstalaba a Núñez Urquiza como encargado de despacho del órgano. Esta vez, el cerco policiaco permaneció por muchas semanas, pese a las quejas de vecinos de la zona.
El pleito entre las fiscalías continuó entre amenazas al personal de la General y la Anticorrupción, y la retención de pagos por más de una quincena a los trabajadores de ésta última.
Para desinflar el problema, Juan Salazar Núñez regresó como Fiscal Anticorrupción el 15 de noviembre, dos meses después de que inició el pleito. Y aunque todo quedaría igual, nada sería como antes.
El Tribunal Superior de Justicia a punto de quiebre
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, tampoco tuvo un buen 2023. Los últimos días de junio se había difundido un rumor sobre un supuesto altercado entre el magistrado y una trabajadora. El cinco de julio la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos informó que con base en las publicaciones en portales de noticias y las quejas de colectivas feministas, se había iniciado una investigación sobre probables violaciones a los derechos humanos de trabajadoras del Poder Judicial de Morelos.
Con la elección de una decena de abogados para ocupar vacantes en magistraturas muy cerca, el asunto tomó vuelo rápidamente. Dos organizaciones de abogados pedían la renuncia del magistrado. Gamboa Olea acusó una campaña en su contra y el asunto pareció calmarse.
Pero el ocho de agosto, un grupo de magistrados trató de usar la sesión de pleno del Tribunal para lograr la destitución del presidente por “incumplimiento de mandato y faltas graves”.
El magistrado Rafael Brito leyó en la primera sesión del pleno el 7 de agosto las acusaciones contra Gamboa Olea: incumplir el mandato constitucional, estar sujeto a investigación por faltas graves (la indagatoria de la CDHM y una denuncia de un exmagistrado por el mismo asunto), falsear información pública y abandonar sus funciones sin autorización del pleno.
Aunque se suponía que los magistrados Martha Sánchez Osorio, Guillermina Jiménez, Bertha Rendón, Hipólito Prieto, Francisco Hurtado, Juan Emilio Elizalde y Manuel Díaz apoyaban las acusaciones, durante la sesión se fue desinflando el movimiento. Los magistrados María del Carmen Aquino, Elda Flores y Jaime Castera acompañaron a Luis Jorge Gamboa cuando abandonó la sala, seguido del oficial mayor.
El conflicto duró varias semanas, Gamboa Olea alcanzó a sortearlo y la designación de las vacantes en magistraturas hecha por el Congreso a finales de noviembre ayudó a destensar, por lo menos momentáneamente, el conflicto interno.
Ni Derechos Humanos se salva de la inseguridad
La madrugada del siete de agosto, las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fueron atacadas a balazos por sujetos a bordo de un automóvil. Las diez descargas de arma de fuego contra los muros y cristales del órgano autónomo, provocaron el cierre de la atención presencial al público durante unos días. El presidente del órgano, Raúl Israel Hernández Cruz reprobó no solo el ataque, sino también la falta de empatía del Ejecutivo y los órganos de justicia que no se pronunciaron sobre el ataque.
Morelos, reprobado en estado de derecho
Los estudios sobre impunidad y estado de derecho preparados por el World Justice Project, México Evalúa y los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, ubican a Morelos en los últimos lugares en el respeto a las leyes y los primeros en impunidad en México.
El índice de estado de derecho en Morelos preparado por el WJP da al estado una calificación de 0.36 de 1. La alta corrupción en los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y en las instituciones de seguridad y procuración de justicia; los índices delictivos; las fallas en el debido proceso, la ausencia de respeto a las víctimas, la parcialidad del sistema penal, las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario; la lentitud y las fallas en la justicia civil; y la violación a derechos fundamentales como la no discriminación, la vida y seguridad, la libertad religiosa y las garantías laborales; son algunos de los más graves pendientes con los que se integra el índice en el que Morelos empata en último lugar con los estados de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo.
Para México Evalúa, el índice de impunidad de Morelos es de 97.5% en términos generales, es decir, de mil carpetas de investigación se resuelven apenas 25. El índice de impunidad medido por el colectivo creció en el 2022 debido a factores como la falta de confianza en las autoridades. Los menores índices de confianza se ubicaron entre jueces, policía ministerial, ministerios públicos y la policía estatal.
Para Impunidad Cero, el índice de impunidad en el estado es aún mayor y supera el 99%. De acuerdo con sus datos, el 94.20% de los delitos cometidos no fueron denunciados, 5.80% se denunciaron y sólo 0.23% de ellos no fueron resueltos.
Las cifras del 2022 podrían ser mejores que las del 2023 dada la crisis de gobernabilidad por la que atravesaron en este año las instituciones de seguridad y justicia.
Los datos del 2023
En medio de las crisis, muchos delitos registraron, ya desde noviembre, mayor número de casos que en el 2022.
En términos de homicidio doloso los mil 174 registrados hasta noviembre del 2023 representan un 12 por ciento más de los cometidos durante todo el 2022, lo que coloca al que está por terminar como el año más violento en la historia reciente de Morelos.
Los 41 feminicidios reconocidos como tales por la autoridad hasta noviembre de este año son 28% más de los 32 admitidos durante todo el 2022.
El secuestro registra un aumento de 17% si comparamos los 27 cometidos hasta noviembre de este año con los 23 de los doce meses de 2022.
Las denuncias por extorsión se incrementaron 46%, de 147 en todo el 2022 a 214 en los primeros once meses del 2023.
La crudeza de los números se refleja en cientos de negocios cerrados por extorsión o hechos de violencia, en la modificación de patrones de comportamiento ciudadanos por miedo al crimen, y en la desesperación de una sociedad que exige paz todos los días, algunos hasta con caminatas y marchas, como las organizadas por la Iglesia Católica, sin encontrar siquiera la empatía de las autoridades.