La corrupción de las representaciones de comuneros en el municipio de Tepoztlán
“Soñé con tierra y libertad, no con el libertinaje de esta tierra.”
-Emiliano Zapata
Tepoztlán evidencia hoy un punto álgido en las tensiones entre comuneros legalmente reconocidos y las representaciones apócrifas de bienes comunales que continúan en funciones de manera irregular, aún a pesar de que hace ya más de un año la población hizo tácito su desconocimiento de dicho comisariado.
El 18 de agosto de 2022 se celebró la última Asamblea de los Pueblos y Barrios del Municipio de Tepoztlán en el zócalo de la cabecera municipal, la cual reunió a pobladores de Santo Domingo, San Miguel, Tierra Blanca, Santa Catarina, Ixcatepec, San Andrés de la Cal, entre otros, logrando un pleno de más de mil personas, lo que ninguna asamblea había visto desde hacía casi tres décadas, cuando los pobladores del municipio alzaron su voz en unidad contra del proyecto del club de golf que se pretendía construir en 1995.
Venta ilícita de terrenos y construcciones irregulares
Lo que llevó a la última asamblea fue el hartazgo de los pobladores a causa de la venta de terrenos y la construcción ilícita de caminos y calles alrededor de la cañada de San Jerónimo, siendo que dichos territorios forman parte tanto del Parque Nacional El Tepozteco como del Corredor Ecológico Chichinautzin, sitios que por decreto son patrimonio protegido a causa de su riqueza de fauna, flora, y por supuesto, por su relevancia en cuanto a la captación pluvial y suministro de agua. Tal venta de territorio protegido se sumó a múltiples casos similares de esta práctica ilícita, efectuada por dos representaciones de comuneros que operan desde hace diez años en el municipio, una de ellas encabezada en ese momento por Lucio Cuevas, del barrio de San Juan, y la otra, del barrio de Sto. Domingo, operada por Gobel Demesa, familiar del presidente municipal emecista David Demesa.
Dicha asamblea del año 2022 culminó con el llamado a la presencia del presidente municipal, quien en primera instancia se pronunció a favor de las demandas del pueblo, y fue conminado a clausurar las sedes de las dos representaciones de comuneros responsables de la venta de los territorios protegidos. Sin embargo, al momento de arribar Demesa a las puertas de las sedes mencionadas, acompañado de la totalidad de la asamblea, lo que primero fue una proclamación de apoyo a las demandas de los pobladores se tornó más bien en pausas y claros gestos de vacilación e inquietud para proceder a la clausura de las oficinas.
Clausura simulada
La asamblea fue persistente en su demanda y el presidente finalmente colocó los sellos de clausura, pero no sin antes mutilarlos, esto es, recortando su parte superior, en donde se leía “El H. Ayuntamiento de Tepoztlán”, dejando solo en el sello colocado la palabra “clausurado”, haciendo de tal clausura un acto puramente simbólico, efímero, y carente de cualquier efecto legal trascendente, deslindándose con ello Demesa de una responsabilidad oficial hacia las demandas de los pobladores del municipio que preside.
El acto simbólico no representó ningún cambio real en la situación, ya que la oficina de representación operada por comuneros de San Juan eligió para el periodo de 2022 a 2025 a Félix Cuevas Medina como sucesor de Lucio Cuevas Romero, quien presidió la representación de 2019 a 2022, quien a su vez sucedió a Agustín Rojas Cuevas, del periodo 2016 a 2019, quien sucedió a Clemente Cuevas Romero, del periodo 2013 a 2016, prolongando así un sistema de selección endogámica de representantes, todos ellos familiares, alternando a la fecha no solo los puestos de presidente sino también de secretarios.
Denuncia contra el “Comisariado de Bienes Comunales”
Hasta el día de hoy, por su parte, un grupo de comuneros legalmente reconocidos en el Censo General perteneciente a la Comunidad Agraria del municipio de Tepoztlán han presentado por escrito a la Procuraduría Agraria en múltiples ocasiones, anexando copia a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su denuncia ciudadana manifestando inconformidad, con fundamento en los artículos 2, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 24, 107, y 136 de la Ley Agraria, contra el proceso de elección del Comisariado de Bienes Comunales que se realizó para el periodo 2022-2025, así como los procesos de elección de los dos trienios anteriores, en los cuales se cedió tal comisariado a los Cuevas, y señalaron que dicha elección violó el debido proceso al haberse llevado a cabo en una sede fuera del recinto oficial establecido en los Estatutos Comunales, que es el Auditorio Municipal Ilhuicalli, a lo cual se sumó el hecho de que para dichas asambleas de elección no se presentó oficialmente el Censo de Comuneros, lo cual provocó que se prohibiera la entrada a comuneros reconocidos.
Demostraron posteriormente que el supuesto Censo al cual se aludió por parte de quienes efectuaron las elecciones era una lista apócrifa y aumentada, ya que incluía nombres de supuestos comuneros quienes, en muchos casos en realidad eran personas menores de edad y hasta personas fallecidas. Así mismo, el grupo legalmente reconocido acreditó en octubre de 2022, a través del folio expedido por el Registro Agrario Nacional (Solicitud 17220009600), la calificación registral negativa que dicha dependencia dio a la representación de comuneros que fue reelecta a través de los procedimientos irregulares mencionados.
Los comuneros legalmente reconocidos declararon que la Procuraduría Agraria ha continuado hasta la fecha siendo omisa en la solución de la situación tras la presentación de sus denuncias.
Amenazas e invasiones de “comuneros”
Diversas familias tepoztecas señalan que continúan sufriendo amenazas por parte de las representaciones de comuneros que se mantienen en funciones. Tepoztecos de edad avanzada han sufrido, junto a sus hijos y nietos, invasiones en predios que heredaron desde la década de 1960 y a los cuales han dado siempre un uso agrícola con la firme convicción de preservar la identidad natural de sus territorios. Sin embargo denuncian que estos son invadidos por ser considerados como “abandonados” por las representaciones de comuneros en funciones así como por las personas interesadas en comprar tierra, generalmente no tepoztecos y extranjeros, a quienes les son ofrecidas constancias de propiedad falsas y en ocasiones incluso duplicadas, en lo que opera ya un genuino mercado negro de bienes raíces.
Una vez invadidos los predios de los pobladores que ya manifiestan su inconformidad, estos son generalmente proyectados por los compradores para realizar construcciones de negocios, bares, desarrollos habitacionales de lujo, y jardines de eventos que constantemente emiten escándalo nocturno a decibeles que rebasan los límites permitidos, lo cual es en sí mismo un problema creciente y que representa aún más afectación a la tranquilidad de los pobladores y de la fauna local.
El apócrifo comité de bienes comunales, recientemente, también ha cedido más de cinco mil metros cuadrados para la construcción de un plantel educativo en tierras de la zona de Monte Castillo, hace décadas cuna de un fuerte movimiento social. El comité de comuneros operante ignora que dichas tierras fueron restituidas a la comunidad agraria de Tepoztlán únicamente para su aprovechamiento agrícola y forestal, y no para usos diversos, tal como quedó asentado en la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en su momento.
Una escuela como señuelo
Los comuneros legalmente reconocidos, así como pobladores de las zonas cercanas, señalan que la posible intención del comité apócrifo es “ganarse” la confianza de la población al anunciar un proyecto de virtud como lo es una escuela, pero que tal proyecto es únicamente una pantalla o un proverbial caballo de Troya, para más adelante continuar construyendo alrededor de dicha escuela más caminos, fraccionamientos residenciales, y negocios.
El comité de padres de familia de la zona es presidido por José Alfredo Vidal Velarde, compadre de Ignacio Cortés Salazar, aliado incondicional de los hermanos Cuevas Romero, y quien usurpó la identidad de una persona fallecida del mismo nombre para poder ejercer su cargo. Vidal Velarde obliga a los padres de familia a asistir a faenas en supuesto apoyo al proyecto de la construcción del plantel escolar, cobrando una multa de 350 pesos a quienes se oponen.
Hay una grave escisión entre el actuar de las actuales representaciones de comuneros que se apoya en la pasividad de la autoridad municipal, y la voluntad de los tepoztecos a quienes supuestamente representan y que se mantienen en defensa de la identidad originaria de sus territorios, corredores ecológicos, actividad agrícola, así como de su agua y su fauna silvestre.
Tal pugna entre el negocio ilícito y la voluntad por la preservación del patrimonio del municipio de Tepoztlán se encuentra en un punto de alarmante escalamiento e inminente hartazgo, lo cual indudablemente requerirá a la brevedad de acciones contundentes, si no por parte de las autoridades agrarias y del mismo gobierno federal, entonces muy probablemente por parte de los mismos pueblos y barrios de Tepoztlán.
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía