Angélica Estrada  

  

Un total de 150 familias que radican en Huitzilac se dedican a la tala clandestina, reconoció el alcalde, Rafael Vargas. 

  

Refirió que se trata de datos que pudieran aumentar, puesto que, aunque este problema ha sido identificado por autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado pudiera tener mayor información y se podría demostrar que son aún más las personas que cometen este delito. 

  

En este sentido, el alcalde exhortó a la federación a implementar operativos especiales para desarticular las organizaciones que cometen este delito federal. 

  

A finales del 2022 se ubicó un aserradero ilegal que fue cateado por elementos de la Guardia Nacional; esta acción causó la molestia de algunos habitantes del municipio y propició una manifestación y quema de llantas para sitiar a los efectivos que cateaban los domicilios señalados como talleres de talamontes. 

  

En este año, fueron localizados y desmantelados ocho aserraderos ubicados al norte de la entidad, sin que existan datos certeros sobre el número de detenciones realizadas tras estos operativos. 

  

Justo en este tema, el pasado mes de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa que contempla el aumento a las sanciones para quienes “desmonte o destruya la vegetación natural; se corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal, en un área natural protegida, se incremente la pena máxima actual de 12 a 13 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente”.