Los Obispos de Guerrero que conforman la Provincia Eclesiástica de Acapulco, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos para que acelere las investigaciones y se castigue a los responsables en el caso de la desaparición del presbítero emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien fuera localizado en un hospital de Cuernavaca.
Informaron que rechazan todo acto de violencia contra la dignidad, los derechos y la vida no sólo del sacerdote, sino de toda persona, por lo que “confiamos y esperamos que los diversos niveles de gobierno y procuración de justicia intervendrán para esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho”.
“Queremos manifestar nuestra cercanía y nuestro aprecio a Monseñor Salvador Rangel. Reconocemos su compromiso y entrega para no dejar indefensas a las comunidades de su Diócesis ante las violencias, corriendo riesgos y peligros que sólo él y Dios conocen”, compartieron.
En este sentido, reiteraron el exhorto para que una vez que el Obispo Rangel Mendoza pueda declarar, la FGE concrete la carpeta de investigación y reúna los elementos que se necesitan para esclarecer lo que sucedió, ya que aún se desconoce porque fue trasladado de un motel hacia el hospital general Dr. José G. Parres en la capital morelense, además de sustraerle sus cuentas bancarias.
“Saludamos con afecto a todas aquellas personas e instituciones que han manifestado su solidaridad con la oración, la información, el cuidado médico o los procedimientos legales, en torno a la violencia sufrida por nuestro querido hermano, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa”, concluyeron.
Desaparición del Obispo y escándalo de la CES
Cabe recordar que el pasado 27 de abril se reportó la desaparición del Obispo de Chilpancingo-Chilapa, tras salir de su domicilio en el municipio de Jiutepec, Morelos; según reportes, el domingo 28 ingresó al Hospital General Parres, y el lunes 29 se confirmó su localización.
Sin embargo, desde la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, se filtró información a medios de comunicación afines con fotografías extraídas de vídeos que aún no se han dado a conocer públicamente, así como información de los partes médicos, pese a que forman parte de una carpeta de investigación.
Fue el abogado de la víctima, Luis Alberto Vázquez, quien consideró que las declaraciones tanto del comisionado, José Ortiz Guarneros y el gobernador en funciones, Samuel Sotelo, han sido “desafortunadas”, al referir que le están ocasionando daño moral, al interpretar hechos que aún no están comprobados, pues sin dedicarse a la investigación han revictimizado al presbítero.