El abasto de medicinas ha sido uno de los mayores problemas que ha experimentado nuestra nación en los últimos años, a partir de la iniciativa del gobierno federal para eliminar el sistema de contratos con el sector salud considerados abusivos y que otorgaba beneficios excesivos a las farmacéuticas.
La iniciativa federal, al responder a un compromiso de campaña del Presidente de la República que buscaba hacer más eficiente la dotación de fármacos e insumos a los hospitales de una manera más razonable y menos onerosa para el erario, se puso en marcha prácticamente al inicio del sexenio, pero la reacción, junto con el desabasto, no se hizo esperar.
Algunos vieron un sabotaje deliberado de laboratorios, farmacéuticas e intermediarios que anteriormente se beneficiaban de aquella larga cadena de suministro de medicamentos, principalmente al sector público.
El caso es que a meses de concluir la presente administración, el abasto de medicinas a nivel nacional no ha logrado normalizarse y los afectados han sufrido los efectos de diversas formas, que van desde retrasos en terapias hasta ser víctimas de organizaciones inescrupulosas que han buscado aprovechar las carencias de fármacos fabricando sucedáneos o falsificando la medicina de patente.
Y se tiene que reconocer que la situación es grave. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto que hace unas semanas presentó su “Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022”, el año pasado se dejaron de surtir 15.2 millones de recetas en las instituciones de seguridad social en todo el país. Este indicador varía de entidad a entidad, y los estados más afectados fueron Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima e Hidalgo, que registraron un surtimiento completo de recetas inferior al 50 por ciento, mientras que, en la Ciudad de México, el porcentaje de recetas surtidas completamente fue de 81.1 por ciento.
El panorama empeora si se consideran coberturas de vacunas: la BCG (contra la tuberculosis) tuvo una cobertura de apenas el 27 por ciento en 2020; la Hepatitis B solo cubrió el 39.4 por ciento de la demanda en 2021, y la SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) solo alcanzó el 54 por ciento de cobertura en 2019.
Las quejas ante la CNDH por el desabasto de medicinas se triplicaron entre 2018 y 2022, mientras que los juicios de amparo pasaron de 220 en 2018 a mil 602 en 2022, aunque en 2021 encontraron su récord con 2 mil 307 juicios.
La escasez estimuló la falsificación y, tan solo en un año -entre 2021 y 2022- las alertas sanitarias emitidas por robo, falsificación o adulteración de medicamentos se incrementó en un 142 por ciento.
Como se ve, el desabasto de medicinas no es un fenómeno imaginario o que los medios impulsen con fines políticos, es un problema real que afecta a millones de personas y está ocasionando problemas que van más allá de la salud de los pacientes, y en nuestro estado no somos la excepción de ninguna forma. Hace un par de días las autoridades sanitarias reconocieron el grave desabasto de vacuna BCG para los recién nacidos morelenses y hoy publicamos una nota sobre el desabasto de medicamentos en el Hospital del Niño y de la Niña que ponen en un predicamento a la familia de una menor con padecimientos muy específicos que los han llevado a buscar medicina en los mercados alternativos.
La salud de todos, y principalmente de los niños, por los efectos colaterales que algún padecimiento puede tener en su desarrollo debería ser prioridad para cualquier gobierno, aunque, por el momento, solo quede en la lista de pendientes.