Aferrado a su puesto como magistrado presidente en el Tribunal Superior de Justicia, a pesar de ser público el repudio de la mayoría de sus pares, Jorge Gamboa Olea no deja de sorprender por las forma en que busca torcer la ley; de ello ha dado muestras que, si serían censurables en cualquier litigante novato, por el cargo que ocupa resultan ser, por lo menos, preocupantes, porque retratan de cuerpo entero a quien, hasta ahora, ocupa el cargo de mayor importancia en el Poder Judicial de nuestro estado.
La suerte le empezó a cambiar a Gamboa cuando a principios del pasado mes de febrero los guardias de seguridad de Atlacholoaya sacaron a la fuerza a María Luisa Villanueva a un par de semanas de que se solucionara definitivamente su caso contra el Estado mexicano por haberle fabricado cargos que la mantuvieron en la cárcel 25 años. Fue entonces que el TSJ decidió imponerle el “beneficio” de la preliberación. Años antes, la revisión del caso fue desestimada por la ponencia de Gamboa, y su negativa figura también en la demanda como parte de los agravios en la acción legal impulsada por María Luisa.
Entonces, trascendió que Gamboa en persona la fue a visitar para persuadirla de que asumiera voluntariamente la preliberación y, ante el rechazo por parte de María Luisa, el magistrado presidente le dijo que “ya se había enamorado de la cárcel” -a ella, que dejó en casa a un niño que aún no cumplía el año- y recurrió a los guardias. El caso le dio la vuelta por lo menos a todo el país.
Pero la cereza del pastel, que convenció a la mayoría de los magistrados de buscar una presidencia más digna para el Tribunal Superior de Justicia, fue la demanda que interpuso en su contra otro magistrado, en la que lo acusaba de algo que es tabú entre los jueces: presionarlo para que cambiara su postura, específicamente para beneficiar a una persona acusada de feminicidio y homicidio en Huitzilac y que hoy sigue prófugo, pues una juez le tiró el caso a la FGR.
En la primera sesión tras regresar de vacaciones, la mayoría de los magistrados pidieron, y votaron a favor, que se incluyera en la orden del día la remoción de Gamboa de la presidencia y a él no le quedó más remedio que boicotear el pleno y buscar un amparo con una juez que, supuestamente, tiene una relación íntima con uno de los magistrados que se solidarizaron y abandonaron el recinto con él, dejando una sesión iniciada. Sin importar el conflicto de interés, el caso sigue su curso.
Ahora, en venganza en contra de todos los magistrados del Poder Judicial, recurre a la Suprema Corte de Justicia para invalidar el decreto del llamado Retiro Dorado para el Poder Judicial, y que defendieron varios diputados, aunque era una iniciativa bastante impopular.
Gamboa Olea cabildeó a favor del decreto, lo apoyó y, cuando fue promulgado, lo celebró; ese decreto, por cierto, también extendía su periodo al frente del TSJ, detalle que también ha sido impugnado por el resto de los magistrados locales.
El magistrado presidente parece haber recobrado la memoria cuando los vientos comenzaron a soplar en contra y se dio cuenta de que aquella iniciativa que prohijó tenazmente presenta vicios que ameritan la invalidez de algunos de sus artículos.
Cabe preguntar: si la situación fuera diferente y su cargo no estuviera pendiente de un hilo, si mantuviera intacta su legitimidad ¿habría permitido que un instrumento jurídico prosperara a pesar de sus vicios legales que ahora alega? Como decíamos arriba, toda esta situación lo pinta de cuerpo entero.