Un empate que le sabe a derrota al Ejecutivo

Aunque ambos bandos celebraron como triunfo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Controversia Constitucional interpuesta por el Ejecutivo en contra de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del 2023 aprobada por el Legislativo, la salomónica decisión del máximo Tribunal resulta algo parecido a un empate en el que salió perdiendo el gobierno estatal.

Aunque los desencuentros datan de varios años atrás, desde finales del año pasado hemos atestiguado cómo las posturas de dos Poderes de nuestro estado se han enconado y, como otras veces, en esta ocasión también acabó en la Suprema Corte.

El principal interés del Ejecutivo por promover la Controversia fue recuperar la atribución de transferir presupuesto libremente entre algunas partidas, privilegio del que gozó hasta este año, aunque en su queja incluyó también el Fondo de Infraestructura Municipal, que consideraba inequitativo.

En su deliberación, la Suprema Corte detectó irregularidades en la creación de la ley presupuestaria estatal y los ministros vetaron algunos de sus aspectos, aunque solo examinaron aquellos sobre los que versaba la Controversia.

El Fondo de Infraestructura Municipal, que causó malestar en más de un municipio y cuyo uso de los recursos ya había sido detenido por la propia Corte, figuró entre los aspectos censurados y ahora se tendrán que redistribuir sus fondos.

Sin embargo, en el punto central de las libres trasferencias, la Corte le dio la razón al Congreso y dejó al gobierno del estado sin posibilidades de disponer, como antes, de la bolsa de 17 mil millones de pesos, que se antojaban muy útiles para el cierre de la gestión y en año electoral.

Las libres transferencias ya las había perdido el Ejecutivo desde diciembre y su recurso ante la SCJN era un paso natural, pero, en este aspecto, la queja tenía pocas esperanzas de prosperar pues, si alguien ha combatido la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal, ha sido la actual Ministra Presidenta.

Aunque la esperanza muere al último, era remoto que se saliera con la suya y probablemente ya el Ejecutivo estaría resignado desde que interpuso la Controversia, pero, si no, ha tenido ocho meses para acostumbrarse, como lo atestiguan la mayoría de los funcionarios que han tenido que acudir al Congreso para justificar sus solicitudes de ampliación presupuestal, en pasarelas que también han dado mucho de qué hablar.

Para acabarla, el Congreso ya anunció que acatará el fallo de la Corte, pero que es su atribución decidir a dónde se irá el presupuesto del Fondo de Infraestructura Municipal, con lo que pinta una raya muy clara con el Ejecutivo.

Al final de cuentas, es una buena noticia para los municipios que esté a punto de destrabarse el fondo municipal, tanto para las demarcaciones que habían quedado fuera del reparto original, como para las que dejaron en puntos suspensivos las obras que ya habían iniciado confiando en esos recursos. Ahora solo queda ponerse a trabajar.