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La deuda de los tres Poderes de Morelos con la mujer es gigantesco y crece como una bola de nieve debido a que las distintas violencias contra las mujeres se agudizan.

Morelos fue el segundo estado de los 25 en donde hasta el momento se ha emitido una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de distintas violencias contra la mujer, pero principalmente porque se perpetua la máxima expresión que es el feminicidio.

La declaratoria del 10 de agosto del 2015 consideró ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Lo anterior se logró al documentar 530 feminicidios del 2000 al 2013.

Han pasado 10 años y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, organización promotora de dicha medida, ya contabiliza a la fecha más de mil 300 feminicidios registrados en 35 de los 36 municipios que conforman la entidad.

Tan solo en 2022 el registro que realiza dicha organización -a partir de registros periodísticos e información oficial-, cerró con 107 casos convirtiéndose en uno de los años más violentos.

En lo que va del 2023, organizaciones como Divulvadoras reportan 12 feminicidios.

Mientras que el Secretariado Nacional de Seguridad, con cifras reportadas por la Fiscalía de Morelos, ha colocado a la entidad al menos en cuatro ocasiones en primer lugar en materia de feminicidios, en 2019 con 39 feminicidios, en 2020 con 53, en 2021 con 23 y en 2022 con 32.

También el delito de violaciones está al alza en Morelos y golpea principalmente a mujeres en 2019 se reportaron 409 casos, en 2020 se detectaron 417, en 2021 491 casos y en 2022 580.

A ello se suman, decenas de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, según reportes del Colectivos de Víctimas y Colectivas de Mujeres de Violencia Vicaria.

Estas cifras representan una radiografía de la violencia que enfrentan todos los días las mujeres de todas las edades.

Sin embargo, existe una cifra negra de casos que no son reportados ante las instancias correspondientes o que simplemente no trascienden por la opacidad de las autoridades.

Todo esto ocurre, ante las omisiones e irregularidades que se presentan en diversas instancias que dependen del Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Congreso de Morelos, sostienen feministas que integran diversas colectivas.

María Trinidad Gutiérrez, vocera del Programa Interdisciplinario de Investigación de Acción Feminista (PIIAF), consideró que “el estado en general tiene muchas deudas hacia las mujeres,  estamos ante el descaro de que asesinar a las mujeres se puede hacer porque no pasa nada, no vemos que trabajen realmente por construir otra idea sobre la masculinidad desde ningún lado”.

Poder Ejecutivo

Andrea Acevedo García, del Colectivo Divulvadoras, destacó que “el gobierno del estado, que es a quien le tocaría principalmente la prevención de la violencia contra las mujeres y garantizar una vida libre de violencia, tiene una deuda grande en materia de prevención; las campañas para prevenir la violencia contra las mujeres son nulas”.

Destacó que por otro lado ha incumplido con “los servicios integrales de salud para las mujeres, no solamente víctimas de violencia, sino en general, pero principalmente víctimas de la violencia”.

Además, Melisa Fernández, vocera de la organización de la Marcha del 8 de marzo, consideró que se han incumplido al 100 por ciento con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Feministas consideraron lamentable que el Ejecutivo conciba que el 8M es una fecha para que el propio gobierno simula que escucha y organice pintas controladas que de fondo limitan la libertad de expresión de las mujeres. En lugar de garantizar lo primordial que es la seguridad para todas las niñas y mujeres que radican en Morelos, la prueba es que hay desapariciones y feminicidios.

Poder Legislativo 

Para diversas feministas, el Congreso de Morelos también se ha quedado corto y ha frenado, o evitado legislar, a favor de los derechos de las mujeres. “Hay muchos pendientes en materia de derechos de las mujeres, pero el principal es el derecho al aborto, que aún no se logra despenalizar desde el 2020”, recordó Tania Osiris, una de las feministas que interpusieron un amparo para obligar a diputadas y diputados a dejar sus prejuicios de lado.

En 2022 se iniciaron diez carpetas de investigación por el delito de aborto, esa es la prueba de que continúa la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Lo anterior, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que debe despenalizarse el aborto en todo el país.

Una deuda que está por agudizarse, tras la reforma electoral con el Plan B, es la paridad de género y participación política a las mujeres.

De acuerdo con datos del INE sólo el 25 por ciento de las alcaldías en México están representadas por mujeres.

Otro tema que diputadas y diputados ha postergado es impulsar la Ley Sabina, que consiste en reformar el marco legal para impedir que deudores alimentarios continúan evadiendo sus responsabilidades; además de la Ley Monzón, que consiste en suspender la patria potestad de menores cuyo padre esté vinculado o investigado por feminicidio, sostuvo,  Pamela Lavarado, integrante de la organización Las de Violeta, especializada en los derechos de infancias y mujeres.

“La Comisión de Igualdad de Género ha postergado más de cinco reuniones que hemos programado para la Ley Sabina y la Ley Monzón, me parece incluso una falta de respeto porque nos han cancelado reuniones incluso en la madrugada cuando quedamos de vernos a las 7 de la mañana”, dijo

Poder Judicial 

El Tribunal de Justicia del Estado (TSJ) de Morelos, una de las instituciones encargadas de garantizar la justicia tambiénha quedado mucho a deber a las mujeres.

En los últimos años han acumulado quejas por su actuar y por su poca diligencia apegada a una perspectiva de género, y por obstaculización al acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia vicaria.

“Tenemos una deuda histórica, muy fuerte y muy grande por parte de los Tribunales del Poder Judicial hacia las mujeres, las niñas y los niños, las infancias; siguen sin implementar protocolos de seguridad de seguimiento y de prevención ante esta violencia vicaria  y, en  general, los procesos judiciales se corrompen en muchas áreas”, dijo Meztli Granados, integrante Mucha Madre Coatlicue Tonanzin.

Detalló que se sigue juzgando sin perspectiva de género y sin velar por los derechos de las infancias.

Dos instituciones que han quedado mucho a deber son: Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) -actualmente a cargo de Isela Chávez Cardoso- y la fiscalía general del Estado de Morelos (FGE), que encabeza Uriel Carmona.

“En los últimos años el Instituto de la Mujer ha sido utilizado como agencia de colocación y han dejado de lado la presencia en más municipios, no hay un trabajo coordinado y tampoco lo más importante: la atención a las mujeres”, coincidieron varias de las feministas entrevistadas.

Mientras que las colectivas señalaron en voz de Adriana Mujica que la FGE tiene las siguientes deudas históricas: “no clasificar muchos asesinatos como feminicidios, aunque se cumpla una causal de la tipificación; presenta mínimas aprehensiones, aunque haya órdenes giradas; aun falta capacitación en perspectiva de género en MPs y falta una Unidad de Análisis de Contexto”, dijo.

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