Angélica Estrada
Autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) revelaron que, de acuerdo con datos contenidos en el Registro Nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, al corte del 2 de marzo, se tienen identificadas a 312 personas como violentadores de género en todo el país.
A raíz de estos casos, se enlistó a las entidades con mayor número de denuncias y Morelos ocupó el lugar número nueve a nivel nacional, compartiendo el sitio con el estado de Guanajuato.
Durante el Foro 3 de 3 Contra la Violencia “Ningún Agresor al Poder”, Luis Espíndola Morales, magistrado del TEPJF, recordó que desde el 2019, existe un ordenamiento a todos los partidos políticos para que atiendan, sancionen y erradiquen los actos de violencia política en razón de género en los que puedan incurrir funcionarios que militen en sus institutos políticos.
Es este contexto, autoridades del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), reconocieron que actualmente se atienden cuatro quejas de esta índole, una de ellas por los supuestos agresores identificados como comunicadores quienes, a decir de las quejas, ejercieron violencia de género contra una legisladora local, a través de información presentada en un espacio informativo.
Se explicó que, en el caso de denuncias por este tipo de violencia, existen dos vías para su análisis y atención: a través de una denuncia ciudadana o por un procedimiento especial sancionador.
La consejera del IMPEPAC, Mayte Casalez recordó el caso ocurrido durante la LIV legislatura, donde el diputado José Casas González fue acusado por sus homologas de ejercer violencia de género, al referir que “las mujeres no deben ser sacadas de la cocina”, dicho que sostuvo en tribuna; por este asunto se inició un proceso sancionador, el cual permitió una amplia investigación por parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, señalando que se trató de casos parlamentarios, dando como criterio que los pronunciamientos ocurridos en el pleno, fueron en el ánimo del dialogo y del debate.
Casos similares se han repetido en ayuntamientos y dependencias gubernamentales, por lo que se recomienda que en cada nivel de gobierno se cuente con órganos internos de control y sancionadores de este tipo de prácticas, con el objetivo de erradicarlas y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la función pública.