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En algún momento se ha hecho la siguiente pregunta, ¿qué pasa con los hijos de una persona que ha sido privada de la vida por estar dentro de un grupo delictivo?, ¿hasta dónde llega la sensibilización de la sociedad frente a un niño, niña o adolescente (NNA) que han quedado en orfandad?

No me dejará mentir, que cuando nos enteramos de un hecho de violencia, donde la víctima colateral del hecho es un infante o adolescente, la comunidad comienza a estigmatizarlo, violentando diferentes derechos como:

  • Derecho a la protección, porque los pone en una situación aún más vulnerable, donde pueden ser objeto de un abuso, explotación o negligencia.
  • Derecho a la educación, donde la falta de recurso económico o apoyo, se les priva de su oportunidad de desarrollar su potencial en tener un futuro prometedor.
  • Derecho a vivir en un nivel de vida adecuado, porque en la mayoría de los casos viven en situaciones de pobreza o inseguridad económica, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar un nivel de vida adecuado.
  • Derecho a la salud, porque enfrentan dificultades para acceder a la atención médica adecuada y servicios de salud psicológicos para abordar el trauma y las repercusiones emocionales por la pérdida de uno o ambos padres.
  • Derecho a la participación, porque la falta de apoyo emocional puede limitar su capacidad para participar en la sociedad y ejercer su voz en asuntos que les conciernen.
  • Derecho a vivir una vida libre de violencia, desde el momento de enfrentar la pérdida de uno de sus padres o ambos, se ve dificultada alcanzar las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Así, en entre otros derechos que sin duda dejan a nuestros NNA, en estado de vulnerabilidad, y que todavía para algunas personas los sitúa en el círculo de la estigmatización, revictimizándolos y afectando, como consecuencia, otra tanda de derechos.

Las autoridades en sus tres niveles de gobierno, en colaboración, tienen la obligación de reconocer, garantizar, proteger y restituir sus derechos de manera integral, pues cuentan con protocolos, herramientas y programas de apoyo, para aquellos NNA que enfrentan una situación así.

Por esta razón, es que en obligatoriedad se les debe brindar atención integral que aborde sus necesidades emocionales, educativas y sociales para ayudarles a sobrellevar esta situación difícil, sin ser excluidos por la situación.

Ahora le pregunto, ¿sabe cuáles y cómo deben actuar las autoridades responsables? Por ejemplo, las autoridades estatales, que incluyen a las fiscalías, son en primer momento, los que intervienen en una carpeta de investigación y deben hacer del conocimiento de los derechos que tiene la familia y las víctimas indirectas, conforme a las disposiciones en Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley General de Víctimas.

Otra autoridad es el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo que establece la Ley General de Derechos de NNA, desempeñan un papel fundamental en la identificación y respuesta inmediata a sus necesidades en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Los Sistemas Judiciales, tienen la responsabilidad de garantizar que se haga justicia en casos de delincuencia, por el simple hecho de contar con la calidad de víctimas indirectas, así mismo de proteger sus derechos durante los procesos legales.

Las comisiones de víctimas de las entidades federativas, en este caso en Morelos a través de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas en el Estado, quien atiende las medidas de ayuda provisional básicas, alimentación, acceso personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia, alojamiento, asistencia, y hasta con una reparación integral que incluye el pago de compensación subsidiaria a favor de las víctimas indirectas.

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y atribuciones, en coadyuvancia, deben de atender estas necesidades de manera inmediata para todas las NNA que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, con el propósito de que se les reconozca sus derechos y garantice los mismos mediante los programas que protegen y promueven su bienestar integral.

Es importante hacer una reflexión, que todas las NNA a las que se les ha arrebatado un progenitor o ambos, no tienen responsabilidad de las acciones de sus padres, ellos nos necesitan y debemos coadyuvar a que tengan un mejor futuro.

Nos leemos en la siguiente columna.

*Jueza de Ejecución de Sanciones del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes