Giovanna Plata, madre de una menor de edad quien presuntamente fuera abusada sexualmente por su padre en diciembre de 2022, solicitó a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), juzgar con perspectiva de género, luego de que, en días pasados, la defensa del agresor solicitó cambio de medidas cautelares para llevar a cabo su proceso en libertad.

De acuerdo con la víctima, han sido diversas irregularidades en su caso cometidas desde la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), pues el padre del agresor de nombre Marcelino Soto Camacho, fue subprocurador de investigaciones especiales de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ).

“Hoy venimos a tocar la puerta del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, queremos un cambio solicitando que los jueces juzguen con perspectiva de género e infancia, en ellos está que se marque un precedente o sigan siendo parte de las estadísticas del porqué México se encuentra en el primer lugar de abuso sexual infantil”.

Y es que, durante la mañana de este lunes, un grupo de mujeres se manifestaron a las afueras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para exigirle al magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea y al juez, David Ricardo Ponce González, juzgar con equidad de género y evitar el cambio de medidas cautelares.

Giovanna Plata dijo que en caso de que Aldo “N”, padre de la menor de cuatro años salga en libertad condicional, teme por la integridad de su hija quién se siente vulnerable de su propio progenitor.

“Querían sacarlo y llevar su proceso en libertad porque dos días antes la fiscalía me cambió a la MP, una hora antes y obviamente cuando se llega la audiencia, esta MP no tenía conocimiento del caso y pidió que se difiera y entonces ahí, la defensa dice que cómo están perdiendo el tiempo y que mejor el acusado salga y se tome su proceso en libertad”, exclamó.

En diciembre del 2022, Giovanna Plata denunció que su hija fue abusada sexualmente y el 14 de diciembre, Ivonne Olivares Montes, la psicóloga forense de la FGEM, dictaminó que efectivamente la menor sí había sido tocada; pero sus jefes, Samuel Nava Vázquez y Érick Dorantes Olivo, coordinador y subdirector de Servicios Periciales de la institución, respectivamente, perdieron la documentación por intereses económicos y por tráfico de influencias y trataron que otra sicóloga de esta dependencia la viera para que negara la agresión sexual, denunció.