Ayer se publicó una nota lamentable sobre una madre que no ha podido obtener la manutención de su hija porque el progenitor, en lugar de hacerse responsable de su hija, prefiere amenazar con los agentes a su cargo a jueces y familiares.
Días antes se publicó también otra nota no menos deplorable en la que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) culpa a los padres y madres de familia por no controlar los acosos sexuales y el “bulling” escolar porque no presentan denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Tampoco hace mucho tiempo la jefa de la Oficina de la Gubernatura, amenazó con suspender la glosa del Cuarto Informe cuando las cosas se pusieron tensas en el Congreso.
Estas son algunas de las noticias que han recorrido los medios y que demuestran dos cosas: en Morelos nadie se acuerda de la ley y que a los subalternos no les importa dejar mal parados a sus jefes.
Un requisito para ser funcionario público es demostrar probidad y respetar la ley. Tampoco se debe hacer uso indebido de los bienes y responsabilidades que les son encomendados. En la ley también está que, si se es responsable de un área de prestación de servicio, se velará porque éste se otorgue con seguridad y a satisfacción de los usuarios.
Los funcionarios públicos están para servirle a la comunidad, no para hacer de sus cargos lo que mejor les parezca o cuando se acuerden de hacerlo.
A los vicefiscales anticorrupción no se les debería perdonar usar a agentes para amedrentar a los funcionarios de la justicia y a la madre de sus hijos, que es un buen ejemplo de violencia vicaria de la que tanto se habla y de la que las autoridades dicen estar tan preocupados.
El director de secundarias del IEBEM no se puede sustraer de su responsabilidad directa por la seguridad de los estudiantes, pues ellos no contrataron a los profesores ni a los trabajadores de las escuelas que los acosan.
Los colaboradores del gobierno del estado harían bien en diferenciar entre lo que “deben” y lo que “quieren” hacer.
Lo principal: los funcionarios deberían conservar la autoridad moral de las instituciones que encabezan y para las que piden respeto por parte de la ciudadanía.
Mejor sería que los jefes vigilaran lo que hacen y dicen sus subalternos.
