Estamos ante un escenario inédito en la política nacional. Muchos de los principales actores de lo que serán las próximas elecciones podrían estar arriesgando sus propias candidaturas oficiales por la falta de claridad que parecen tener los mismos órganos electorales en lo que significan los actos anticipados de campaña.
No hace mucho tiempo, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se mostró inflexible y severo por unas bardas y algunos espectaculares de personalidades destacadas que han sido señaladas como probables candidatos a la gubernatura; las denuncias generalmente fueron anónimas aunque no fue ningún secreto que todos los afectados primero voltearon a ver a los otros aspirantes cuando se ventilaron las denuncias.
Entonces, el Instituto ordenó deslindes públicos y que se retirara la publicidad que había motivado su intervención. Muy poco tiempo después de tales determinaciones, la presidenta de este mismo Instituto nos deja a todos tan confundidos como seguramente se encuentra ella al decir que el proceso interno de Morena para elegir al futuro Defensor de la Cuarta Transformación podría ser una simulación, que se podría estar vulnerando el marco legal y que tales actividades podrían afectar la equidad en los próximos comicios.
Sin embargo, señala que está atada de manos porque todo ese proceso se considera como un acto de un partido y que ninguna autoridad puede intervenir en la vida interna de las organizaciones políticas. Dijo que sería muy difícil acreditar faltas a las normas electorales y aplicar sanciones.
Todas las fuerzas políticas tienen el derecho -y la obligación ante sus seguidores- de elegir, de una manera convincente, a sus abanderados y para eso pueden hacer lo que más les convenga, pero siempre en el marco de la ley que ampara incluso su calidad de partidos políticos. Y para vigilar esta situación, la misma ley establece órganos que deben vigilar que la norma se cumpla.
En el contexto inédito en el que nos encontramos, con una impaciencia pública por iniciar las campañas políticas, más valdría prevenir que lamentar, como dice el dicho, y la avalancha de demandas y de “fuego amigo” que podrían venir más adelante podrían avasallar a esos órganos de vigilancia y de impartición de justicia electoral.
La legislación en la materia establece que las sanciones por incurrir en actos adelantados de campaña pueden ir desde la amonestación pública y multas, hasta la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista.
Sin ser agoreros, pero conociendo la política a la mexicana, no es difícil prever que las normas que ahora son obviadas por algunos puedan ser utilizadas para socavar los procesos en donde ellos mismos participaron, pero en los que no salieron victoriosos, o como arma de desgaste entre las diferentes organizaciones políticas.
Actualmente, se podrían estar fraguando las razones que resten legitimidad a los candidatos. Como están las cosas en el país, nadie en su sano juicio quisiera ver el jaloneo que se armaría si una candidatura a la Presidencia de la República, o a la Gubernatura de un estado, se eliminara en un juzgado por haber incurrido en actos anticipados de campaña.
Por eso, antes de que arda Troya, por la salud de todos -incluidos los mismos partidos y sus futuros candidatos- los órganos electorales deberían asumir su responsabilidad y advertir lo que se puede y lo que no se puede hacer.
En el caso de Morelos, por ejemplo, deberían recordar la enjundia con que persiguieron a propios y extraños por algunas pintas y unos cartelones en el transporte público y, de paso, iluminarnos a todos ante esta situación que nadie parece tener clara.
