José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Ayotzinapa es un caso paradigmático de derechos humanos. La responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el papel del Ejército en estas graves violaciones a los derechos humanos y la complicidad con organizaciones criminales de la delincuencia organizada, son elementos que desempeñan un papel fundamental a la hora de tratar de llegar al esclarecimiento de la verdad y sentar las bases para que haya justicia.
Toda la información de este caso es de orden público y no está reservada, como pretenden hacerlo inclusive instancias que deberían ser garantes de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, en su afán de perseguir y criminalizar a quienes lo denuncian a través de los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión. Tampoco tiene carácter de seguridad nacional, aunque involucre al Estado y al Ejército, ya que no tiene que ver con información secreta que ponga en riesgo el funcionamiento de las instituciones frente a una posible agresión externa o que sirva a los intereses de otro país.
Por el contrario, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece claramente que toda información sobre violaciones graves a los derechos humanos no puede ser reservada sino que debe tener la más amplia difusión entre la población para evitar que prevalezca la impunidad. Esta Ley en su artículo 5 señala: “No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales, en los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o indirectos.”
La reactivación de 16 órdenes de aprehensión en contra de militares y policías que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha sido bien recibida por los padres y madres, ante la posibilidad de que se retomen los trabajos de investigación que finalmente permitan esclarecer el paradero y saber la verdad de lo ocurrido esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
No obstante el avance que esto pudiera representar, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los padres y madres de los 43 desaparecidos han alertado sobre los límites de esta acción si no se avanza en ejecutar todas las órdenes de aprehensión y que los jueces vinculen a proceso a los detenidos, sin que prevalezca la impunidad que ha permitido que sean beneficiados los altos mandos militares y funcionarios que participaron en éstas graves violaciones a los derechos humanos.
El Ejército Mexicano realizó una investigación interna sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para la que interrogó a más de cuarenta militares, según revelan correos hackeados por el colectivo Guacamaya, información que se le ha negado a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Fiscalía General de la República (FGR), como lo documentó “A dónde van los desaparecidos”, un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México.
El intento de los militares de ocultar su propia investigación forma parte de un patrón: desde el primer momento, las fuerzas armadas han bloqueado repetidamente los esfuerzos para llegar al fondo de lo que sucedió con los estudiantes, según han denunciado los abogados de las familias de las víctimas y el GIEI.
Si bien es cierto que se han confirmado que 8 militares han sido detenidos en el Campo Militar Número Uno y vinculados a proceso por un Juez que encontró elementos para considerar su culpabilidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, inmediatamente han salido en su defensa quienes pretenden mantener los pactos de silencio y complicidad que han prevalecido durante ya casi 9 años desde el 26 de septiembre de 2014. El propio López Obrador ha salido una vez más en defensa del Ejército, al señalar que no protegerá a éstos 8 militares detenidos, pero insistiendo en resaltar el papel del Ejército, integrado por más de 300 mil soldados, a quien ha dado mayor poder que el que tenía cuando ocurrieron los hechos. Otro funcionario, titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, también fue detenido por desaparición forzada, torturas y coalición de servidores públicos.
Las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores hemos mantenido el apoyo y solidaridad con las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre de 2014 hasta la fecha, exigiendo la presentación con vida, el esclarecimiento de la verdad, las investigaciones en contra de los culpables, el castigo a los responsables, la justicia para evitar que se repitan estos hechos y que el estado asuma su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad, para que se elimine toda desaparición forzada en nuestro país y se busque y encuentre a los más de 110 mil personas desaparecidas en México.
A 105 meses de ocurridos los hechos, aún hay mucho por esclarecer, y por ello, a pesar de la persecución y criminalización que desde las alturas del poder se sigue haciendo a quienes han denunciado públicamente la responsabilidad del Estado y del Ejército en estas desapariciones forzadas, asumimos el compromiso de seguir apoyando esta lucha hasta encontrarlos.