José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Luchar por una cultura de respeto a los derechos humanos va más allá de las aulas. Se aprende en cada proceso de organización colectiva. Se educa con el ejemplo. Se enseña el camino cuando se avanza por el mismo sendero. Se construye paso a paso. Eso hemos tratado de hacer durante los días y los años de promover la organización autónoma, independiente, de la clase trabajadora y los pueblos indígenas, desde la trinchera que nos toca defender, como lo ha sido la Comisión Independiente de Derechos Humanos desde su fundación en 1989 o los casi 20 años de impulsar la unidad a través del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.
En estos días posteriores a la pandemia, donde el uso de tecnología de la comunicación nos ha permitido mantener procesos de organización y articulación de las luchas, intercambiamos ideas a través de medios digitales, que no sustituyen la acción directa, pero permiten superar diversos obstáculos que impone el sistema para aislar, dividir, separar y alejar a las organizaciones para que no se construyan las resistencias necesarias ante quienes detentan el poder y utilizan el miedo y la desinformación para paralizar y controlar a la sociedad.
Hemos señalado con anterioridad los esfuerzos de preparación de la Convención Nacional Democráticas de las y los Trabajadores que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre de 2023. Los derechos laborales no admiten posposición ante otros temas que, si bien son importantes, tratan en muchas ocasiones de desviar la atención de los problemas estructurales y las causas de fondo, para que las miradas estén centradas en los efectos y consecuencias, pero no en las alternativas de solución posibles.
Hoy necesitamos aprender y compartir enseñanzas. Los contenidos de una enseñanza deben ser analizados a la luz de los derechos humanos aplicados en la realidad. Eso es lo que verdaderamente significa una pedagogía liberadora, como práctica de la libertad.
Esto es lo que miles de trabajadoras y trabajadores están aprendiendo a través de sumar esfuerzos en una serie de actividades que conduzcan a la Jornada Nacional que articule las luchas actuales, como ejes temáticos fundamentales como son la energía, el agua, el trabajo, la tierra, el territorio, la justicia y la educación.
En estas semanas se han estado recabando firmas para hacerlas llegar a las oficinas de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores, mediante el derecho de petición establecido en el artículo 8o. Constitucional, para respaldar las siguientes demandas:
Abajo la reforma energética neoliberal, por la renacionalización del sector eléctrico, que la electricidad sea considerada un derecho humano, con tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva para millones de usuarias y usuarios que interpusieron quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por los cobros excesivos en las tarifas al momento de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ordenada por Calderón y mantenida por Peña Nieto.
No a la privatización del agua, el agua es un derecho humano del pueblo y para el pueblo y no una mercancía, como se ha venido generalizando con la entrega de concesiones de agua a empresas privadas, mayoritariamente transnacionales, que obtienen elevadas ganancias por embotellar el agua y venderla a precios elevados, ante una cada vez mayor crisis hídrica en la que se encuentran poblaciones enteras, avivada por la crisis ecológica expresada en el cambio climático y la desertificación de amplias superficies, así como la disminución de caudales de ríos, lagunas y mantos acuíferos.
Por la recuperación de las fuentes de empleo para la heroica resistencia de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a casi 13 años de haber sido despedidos arbitrariamente más de 44 mil trabajadores; no a la extinción de la agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex y solución a la huelga que por más de tres años han sostenido las y los trabajadores en un 80% mujeres que han sufrido toda clase de ataques por parte de SanJuana Martínez su actual Directora General que ejerce el presupuesto de manera ilegal; por la permanencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para la seguridad hídrica de nuestro país, ya que su incorporación a la Comisión Nacional del Agua eliminaría sus derechos laborales consagrados en el apartado A del Artículo 123 de la Constitución; de igual manera lograr la reinstalación de miles de trabajadores de diversas dependencias federales que no se les reconocen derechos colectivos.
Por la defensa del territorio y las tierras de los pueblos originarios ante los megaproyectos como la minería tóxica, carreteras y vías que destruyen todo lo que tocan a su paso, en verdaderos ecocidios como lo han demostrado tribunales internacionales en el caso del Tren Maya y otros, sufriendo la criminalización de la protesta social cuando defienden sus derechos colectivos.
Ante la ofensiva de la derecha en torno a los libros de texto gratuitos y los derechos laborales del magisterio, se requiere reinstalar la mesa de negociación entre la CNTE y el gobierno de López Obrador, que permita echar abajo la reforma educativa privatizadora que realizaron los gobiernos neoliberales.
En lugar de mantener la militarización del país, se requiere urgentemente abrir los archivos militares para llegar al fondo de las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando se van a cumplir ya 9 años de estos crímenes de lesa humanidad. Lograr la libertad de todas y todos los presos políticos y lograr que haya justicia y verdad en todos los casos de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y feminicidios que se multiplican en todo el país.
Ante la grave descomposición política por el proceso electoral adelantado que estamos viviendo y la confrontación que se expresa en todos los terrenos de la vida social, en medio de la inseguridad y violencia, así como los ajustes de cuentas entre los de arriba, sin que eso signifique avanzar en la lucha contra la impunidad, estas y otras demandas están sirviendo como ejes articuladores de las luchas de la clase trabajadora y otros sectores de la población, para formar un frente social independiente que permita construir una alternativa desde abajo, porque otro mundo de justicia social es posible.