Este 2023 se está caracterizando por la anticipación y ansiedad de los actores políticos rumbo al 2024. Todo mundo se ha adelantado a los tiempos y a las reglas legales. No hay decoro en soslayar y burlar la norma. Tampoco parece importar dejar de lado las responsabilidades y obligaciones que les impone la ley para enfrentar los graves problemas que de manera cotidiana se vive en nuestro país, en muchas áreas sensibles y de impacto directo a la sociedad: seguridad, atención médica, educación, inversión.
Yo también me voy a adelantar, pero no para evadir responsabilidades, sino para exigirlas. Me adelanto para plantear, que den la cara por los derechos humanos, a los que andan encarrerados (antes se les denominaba suspirantes) por lograr ser candidatos para ocupar el máximo puesto público. Es necesario que asuman un compromiso público frente a la sociedad.
Soy un convencido que el desarrollo de un país atraviesa por una educación de calidad y por el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos. Una sociedad en la que se respetan derechos humanos es una sociedad que puede tener un mejor horizonte. En ese escenario óptimo, no sería preocupación básica el cómo evitar las violaciones a derechos humanos, cómo sancionar a los responsables y cómo atajar que crezca la problemática en lo geográfico y en los diversos ámbitos de la sociedad. Por ello, es preciso que los aspirantes y candidatos a todos los puestos de elección se pronuncien y debatan en temas relacionados con derechos humanos, en la búsqueda de mejorar esta asignatura.
Suele ser común que los políticos asuman un número determinado de compromisos por el país (50, 80, 100 o el número que decidan), en caso de “ser favorecido por el voto de la mayoría”. Esas promesas -eso son- suelen ser heterogéneas y amplias. Ahora, lo que la sociedad pide es un compromiso político claro y determinado en favor de los derechos humanos, a través de acciones precisas que se obliguen a realizar al llegar al cargo. Los compromisos deben ser específicos, medibles y verificables, con una temporalidad determinada, para que sea factible exigir su cumplimiento.
En un ejercicio libre y abierto propongo un listado de compromisos mínimos -que no únicos-, que se puede solicitar sean asumidos públicamente, por quienes aspiren a ser presidente del país y por quienes buscan alcanzar uno de los cargos públicos que van a estar en juego en la jornada electoral del próximo año. Los agrupo en cinco rubros:
1. Respeto real a las instituciones autónomas, entre ellas las universidades y las comisiones públicas de derechos humanos. Incluye que las designaciones de nuevos titulares cumplan con el perfil idóneo, por trayectoria, experiencia, compromiso y capacidad.
2. Fortalecer normativamente a las comisiones públicas de derechos humanos. A través de adecuaciones legales necesarias, integrales y progresivas, para adaptarlas a los nuevos tiempos: inteligencia artificial y derechos humanos, empresas y derechos humanos, entre otros.
3. Cumplimiento real y en breve tiempo a las Recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos. Incluye establecer efectividad en la exigencia de responsabilidad a los remisos, renuentes e incumplidos, para superar ese gran pendiente.
4. Establecer un esquema de responsabilidades por violar derechos humanos, que vaya más allá de las de tipo administrativo o penal. Se requiere un esquema normativo específico y particular, que puede ser incluido en la Ley General de Responsabilidad Administrativas.
5. Mejorar la cobertura de protección a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Implica fortalecer los mecanismos de apoyo. En la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, se deben aplicar criterios de inmediatez. En lo tocante a medidas de reparación de daño, acotar los plazos de cumplimiento a las autoridades, para restringir su libre arbitrio.
Estamos a tiempo para definir una agenda por los derechos humanos que deba ser cumplida durante el próximo periodo de gobierno federal y de muchas entidades federativas. Entre todos podemos conformarla y lograr que la asuman quienes tengan a su cargo las riendas del país los próximos 6 años.
PD. Mi solidaridad con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por la agresión sufrida en sus instalaciones.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
eguadarramal@gmail.com