Muertes violentas y desigualdad social entre jóvenes mexicanos
Mariana Álvarez Aceves, Lina Sofía Palacio Mejía, Juan Eugenio Hernández Ávila*
En México, la principal causa de muerte entre los jóvenes es la violencia, con un elevado costo social y económico que perpetúa la pobreza. Las lesiones intencionales, que incluyen homicidios y suicidios, han mostrado incrementos sustanciales en las últimas décadas, solamente superados por las infecciones respiratorias ocurridas durante la pandemia de COVID-19 en 2020-2021.
De acuerdo con datos obtenidos en el tablero de análisis de la mortalidad, de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública (https://uisp.insp.mx), en el año 2020, 34.2 de cada 100 000 mexicanos murieron por lesiones intencionales, de tal modo que éstas se convirtieron en la quinta causa de muerte entre la población general, después de las infecciones respiratorias ‒debido a la emergencia por COVID-19‒, las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y la diabetes mellitus. Sin embargo, para el grupo de edad de 20 a 40 años, las lesiones intencionales fueron la principal causa de defunción, con una tasa de 20.17 por cada 100 000 personas en este grupo etario.
Entre las causas de muerte por lesiones intencionales, predominan los homicidios. La tasa de mortalidad por homicidios en la población general, dentro de cualquier grupo de edad, se duplicó en los últimos 20 años, ya que se incrementó de 12.3 a 28 por cada 100 000 personas entre 2000 y 2020. Como consecuencia, pasó del lugar 18 al lugar 7 entre las principales causas de muerte.
Entre los adultos de 20 a 40 años, la tasa de homicidios se triplicó. Pasó de ser la segunda causa de muerte en el año 2000 ‒con 5 883 defunciones registradas y una tasa de 5.8 por cada 100 000 habitantes‒, a ser la primera causa de muerte en 2020, con 21 840 defunciones y una tasa de 17.04 por cada 100 000.
La proporción de hombres que mueren asesinados en el grupo de 20 a 40 años es mucho mayor que la de las mujeres. En el año 2020, mientras que 1.69 mujeres de cada 100 000 murieron víctimas de una agresión, 15.3 hombres murieron de esta forma. No obstante, el incremento en el número de homicidios entre 2000 y 2020 ha sido proporcionalmente mayor entre las mujeres. Entre los hombres, el homicidio se ha mantenido como primera causa de muerte en todo el periodo, pero en las mujeres subió del quinto lugar en el año 2000 al segundo en 2020, solo después de COVID-19.
Por otro lado, la desigualdad social propicia una enorme brecha en las tasas de mortalidad por causas violentas, que se hace todavía más evidente entre los jóvenes. En 2020, la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres de 20 a 40 años por lesiones intencionales fue de 5.3 por cada 100 000 personas con acceso a la seguridad social (derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina) y de 31.4 para las que no tienen acceso a ella como una prestación laboral. Esto quiere decir que el desempleo y la precariedad laboral incrementan casi seis veces el riesgo de morir por homicidio o suicidio en este grupo de edad. Esta brecha es todavía más profunda entre los hombres que entre las mujeres. En los varones, la tasa mortalidad por lesiones intencionales en 2020 fue de 9.2 por cada 100 000 personas derechohabientes y de 56.4 por 100 000 entre los no derechohabientes.
En nuestro país, alrededor de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social, lo que la pone en una situación de vulnerabilidad social, económica y de salud.
El reconocimiento del considerable aumento en el número de muertes ocasionadas por lesiones intencionales, y principalmente por homicidios, debe llevarnos a reflexionar sobre la forma en que se ha deteriorado la convivencia social, y lo ha hecho a tal grado que ya es parte de la cotidianeidad encontrarse con nuevas noticias de muertes violentas.
Los homicidios constituyen la principal causa de muerte en la población en edad reproductiva y económicamente activa en México. Estas muertes representan, por supuesto, una violación al primer derecho humano, el derecho a la vida, y quebrantan la integridad y el desarrollo de las familias de las víctimas. Pero, además, generan grandes cargas en términos de años de vida perdidos por muerte prematura. Por lo tanto, deben ser considerados en la agenda de prioridades de la salud pública, de tal forma que se lleven a cabo acciones urgentes para su prevención. Garantizar la seguridad pública y combatir efectivamente el crimen organizado y la corrupción son demandas apremiantes de la sociedad mexicana; sin embargo, los datos aquí planteados sugieren que la generación de empleos formales y de condiciones laborales estables y con prestaciones sociales es una de las medidas potencialmente más efectivas para proteger a los jóvenes ‒y a la población en general‒ de morir violentamente.
*Especialistas en salud pública. Invitados por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.
