Luis Raúl González Pérez*
El pasado 9 de enero lamentablemente falleció el padre Miguel Concha Malo, precursor de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, realizando un arduo trabajo por más 50 años. Fue cofundador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, organización de la sociedad civil desde donde trabajó en tareas de movilización, canalización, encauzamiento y promoción de una cultura de los derechos humanos; además, fue miembro e impulsor de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Tuve la fortuna de conocerlo y tratarlo de manera cercana visitándolo algunas veces en el Centro Universitario Cultural. En las conversaciones que sostuvimos expresaba sus preocupaciones por las violaciones a derechos humanos y exigiendo la reparación a las víctimas, principalmente de los sectores en situación de más vulnerabilidad como los indígenas, como acredita su participación en la pacificación del movimiento zapatista en 1994, promoviendo el dialogo y el entendimiento.
Con el recuerdo del padre Miguel Concha debemos reconocer que la labor de las organizaciones de la sociedad civil ha contribuido a que el respeto a los derechos humanos deba considerarse como uno de los requisitos fundamentales del Estado democrático de derecho, aunque hoy enfrenten desafíos mayores por descalificaciones y agresiones. Así lo ha expresado Amnistía Internacional, al señalar que la vigilancia independiente que ejerce la sociedad civil es una contribución importante para garantizar que los gobiernos protejan los derechos humanos y actúen dentro del marco jurídico que los regula.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido puntualmente la importancia crucial de la participación de la sociedad civil, a todos los niveles, en los procesos de gobierno y en el fomento de la buena gobernanza, sobre todo mediante la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes, que es indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y democráticas. Ello nos permite afirmar que no puede entenderse ninguna función pública sin la interacción con la sociedad civil organizada.
Las organizaciones de la sociedad civil desarrollan una intensa labor de promoción y defensa de los derechos humanos que se traduce en diferentes ámbitos de acción: denuncias, defensa legal, educación, investigación, promoción, difusión, entre otras, cuyo fin es contribuir a la vigencia de las garantías consagradas en la ley. Además, inciden para que los gobiernos cumplan las obligaciones consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos.
Como en el inicio de la lucha por el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, que como hemos dicho tiene entre sus precursores al padre Concha junto con otros activistas civiles, actualmente persiste la negación, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos por algunas autoridades o servidores públicos, situación que debe revertirse. De igual manera, está el reto de lograr el pleno respeto y reconocimiento al trabajo que las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras civiles, evitando las estigmatizaciones y descalificaciones, que buscan restringir su influencia y campo de acción, sin comprender que realizan una labor de colaboración al servicio público, por lo que es importante lograr la apertura a la crítica de parte de las autoridades y que se reconozca en la práctica la legitimidad de las personas defensoras de los derechos humanos; que los gobiernos federales y estatales se comprometan a realizar acciones con el fin de garantizarles la protección de la vida e integridad personal y mejoren sustancialmente las condiciones en las que desarrollan su labor.
Durante 2021, la ONU-DH documento al menos 10 casos de homicidio de personas defensoras de derechos humanos, donde la letal agresión podría ser una represalia por la labor que realizan, entre ellos se encuentran el de Rodrigo Morales Vázquez, el 2 de septiembre y el de Alejandro García Zagal, el 7 de septiembre, ocurridos en Cuernavaca, Morelos. Por su parte, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación señaló el 26 de enero de 2022 que, de diciembre de 2018 a esa fecha, se tenían contabilizados 97 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, considerando que 64 por ciento de agresiones se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
Al respecto, debemos recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de protégelos, debiendo adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar cualquier ataque en su contra, evitando la impunidad, por lo que debemos tener presente el reconocimiento, la legitimidad y el valor de su trabajo que motivó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1998, emitiera la denominada “Declaración de la ONU sobre las y los Defensores de los Derechos Humanos”, que afirma el derecho a defender los derechos humanos y exige a los Estados que protejan el trabajo que se realiza en su favor y de quienes lo llevan a cabo. Por ello, el legado del padre Miguel Concha, debe ser guía del trabajo constante y proactivo por y para los derechos humanos.
*Especialista en Derechos Humanos.
