Muchas leyes y pocas nueces.

Vicente Arredondo Ramírez *

Se anticipan en México y en el mundo tiempos aún más complicados que los actuales, en razón del cambio de época que ya estamos experimentando. En diversos grados, pero las sociedades actuales enfrentan cambios en todos los ámbitos de la vida: económico, social, político, ambiental y cultural. Se cuestionan, relativizan o se defienden formas de convivencia prevalecientes, así como los valores que las han sustentado. Todo lo cual genera inquietud, confusión, e incertidumbre sobre el futuro. En nuestro país, poderes fácticos están en claro enfrentamiento con los poderes formales, situación que no se había conocido en varias generaciones.

Cuando se experimentan esas situaciones conflictivas, el impulso natural es recurrir a las instancias que procuran y administran el orden y la justicia, ya que asumimos que son las encargadas de cumplir y hacer cumplir las normas deconducta individual y colectiva que aseguran nuestra convivencia pacífica. En nuestro país, el miedo y la impotencia frente a los cambios que vemos como inevitables se incrementa, al menos por dos razones: el “analfabetismo jurídico” de prácticamente el 100% de los mexicanos, y la opacidad crónica de los aparatos burocráticos del poder judicial. 

Vivimos formalmente en una República Federal, con autoridades judiciales en los tres órdenes de gobierno que están muy distantes de la población común, y muy cercanas,influenciadas y manipuladas por la minoría que ejercer el poder fáctico en el país. Frente a ello nos paralizamos.

El ”analfabetismo jurídico” de la población mexicana es generalizado. Sería mínimo el porcentaje de la población que pasaría un examen sobre contenidos básicos y elementales relacionados con nuestra Carta Magna y las leyes que de ella se derivan. Sólo como ejemplo, qué porcentaje de personas podrían responder preguntas como las siguientes: ¿cuántos artículos contiene la Constitución Política de los Estados Mexicanos? ¿cuántos tipos de leyes existen en nuestro orden jurídico? ¿qué diferencia hay entre una ley y un reglamento? ¿cómo está estructurado el Poder Judicial de la Federación o el del Estado de República en donde vives? Si alguien se atreve a afirmar que es irrelevante el conocer esta información, imaginemos lo que esa misma persona opinaría del desconocimiento general que los ciudadanos tenemos sobre la historia, alcance, vigencia y exigibilidad del Estado de Derecho.

Por si fuera poco, debemos reconocer que el Poder Judicial ha sido y sigue siendo el Poder más opaco y turbio de los tres poderes de gobierno. Su materia prima de trabajo son la multiplicidad de instrumentos normativos leyes y códigos civiles y penales que les sirve, según esto, para la aplicación de la “justicia pronta y expedita”.

De nuevo, ¿cuántas personas sabemos la diferencia entre un juez, un magistrado y un ministro? ¿podríamos explicar sus respectivas atribuciones, y cómo son electos o nombrados?  ¿sabríamos responder la pregunta de cuántos tipos de tribunales existen en el país? ¿qué es el Consejo de la Judicatura Federal y cuál es su función? ¿Cómo estar seguros de que los ministros de las Suprema Corte hacen justicia, y no política, con sus resoluciones?

Se afirma que México es un país de leyes, de muchas leyes, ¿alguien habrá hecho un recuento de cuántas leyes vigentes son de aplicación federal, cuántas de aplicación estatal y cuántas de su equivalente municipal? Sin duda abundan y versan sobre todo tipo de aspectos de nuestra vida en comunidad, sin embargo, ¿cuál es su utilidad, si no las conocemos? Nos dicen que el desconocimiento de la ley no exime de la obligación de cumplirla, pero acaso no es eso algo absurdo. ¿cuáles son las leyes que todos debemos conocer? ¿quién lo define? ¿cómo y dónde darlas a conocer?

Mientras no exista la posibilidad de responder a las preguntas aquí formuladas, seguiremos en el “analfabetismo jurídico”, y el poder judicial continuará en manos de unos cuántos, muchos de ellos jugando de manera leguleya a su interpretación y aplicación, y haciendo dinero con las leyes, mientras que los ciudadanos seguiremos sin saber bien qué derechos exigir, ni qué obligaciones cumplir.  

No es exagerado afirmar que México vive una emergencia, por lo que sería necesario tomar medidas en ese mismo tenor. Aunque los poderes fácticos se opongan, y los poderes formales no sepan cómo hacer valer en la práctica el bien común, habría que resignificar el derecho a la información y a la libertad de expresión, y alinear los medios de comunicación en ese sentido. Las ondas hertzianas son bien público, no bien privado. Sus concesiones deben tener nuevas condiciones de obtención y uso. Los poderes judiciales deben quitarse la toga, dar la cara, salir a la calle, y dar cuentas claras de lo que hacen. Los procesos de elección de representantes populares deben asegurar la calidad y capacidad de los candidatos. Se deben proponer nuevas formas de representación nacional, más allá de los partidos políticos. Los puestos nominados para el poder ejecutivo deben también pasar prueba de calidad y definir cuáles pueden ser compensados por otros medios, que no sean salarios. Tenemos mucha tarea.

*Especialista en temas de construcción de ciudadanía.

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