-Luis Raúl González Pérez*


Incursiono como articulista quincenal en La Jornada Morelos, gracias a la invitación de la dirección de este periódico. Agradezco esta deferencia.
Cada día observamos que se agudiza el deterioro en materia de Estado de Derecho en México. Es notorio cómo enfrentamos todavía una grave crisis de seguridad, cómo crece la cifra de homicidios y de personas desaparecidas, cómo persisten los altos niveles de impunidad, se deterioran los sistemas de justicia penal; la corrupción se condena discursivamente, pero se observan pocos avances en su combate.
Aunado a todo ello se debilitan los contrapesos institucionales lo que puede propiciar el abuso del poder y la falta de aplicación de sanciones a los gobernantes cuando éstos violan la ley y la rendición de cuentas.
Con discursos no se avanza
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2021-2022 elaborado por el World Justice Project (WJP) se observa un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país. Por ejemplo, los indicadores más bajos de corrupción reflejados corresponden a la Ciudad de México, Estado de México y Estado de Morelos, con un puntuaje de 0.30 en la escala de 0 a 1, donde 1 indica la ausencia de corrupción.
Por su parte, el Índice Global de Impunidad 2022, elaborado por el Centro sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, señala que las entidades donde hay mayor impunidad son: 1) Estado de México (74.55), 2) Baja California (69.84), 3) Veracruz (65.56), 4) Puebla (63.90), 5) Querétaro (63.65). Es de destacar que entre las entidades que, en relación con el informe anterior, su nivel de impunidad fue al alza y motivó descender más de diez lugares en el ranking comparativo están: Chiapas (9° a 24°), Jalisco (13° a 27°), Sinaloa (12° a 26°) y Morelos (7° a 20°).
Para atender la crisis de acceso a la justicia penal se requiere, entre otras cosas, fortalecer a las fiscalías, dotarlas de infraestructura, profesionalización de los operadores de procuración y administración de justicia, servicios periciales autónomos y presupuestos adecuados.
No es con discursos como se resolverán los problemas, éstos tienen que acompañarse de acciones pertinentes. Deben dejarse atrás las diatribas, los discursos polarizantes, la politización de la justicia.
El Estado de Derecho impone el respeto de la ley, su aplicación imparcial y no selectiva ni caprichosa, ajena a colores partidistas e ideológicos. Su cumplimiento no es potestativo sino imperativo, cabe recordar el principio de convivencia social de legalidad, en el que las autoridades sólo pueden hacer lo que la norma expresamente les permite y las personas podemos hacer todo aquello que no está prohibido.
Caso Ariadna
Deliberadamente quise referirme a la debilidad del Estado Democrático de Derecho, y a la necesidad de su reversión y fortalecimiento, para señalar los efectos que tiene esa debilidad en los derechos humanos de las personas, en las víctimas de delitos y de violación de sus derechos humanos.
Al respecto, dolorosamente conocimos de la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz acontecida en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue llevado y abandonado por uno de los presuntos responsables en el Estado de Morelos. Autoridades de ambas entidades de manera divergente han señalado diversas causas de su deceso, han argumentado cada una apoyarse en los dictámenes de sus servicios periciales – de ahí la necesidad de que sean independientes, lo que daría mayor confianza- y los han defendido públicamente. Nuevamente se hace evidente la necesaria articulación y colaboración entre las entidades federativas, para atender estas problemáticas de justicia, evitarles revictimización a las víctimas directas -Ariadna- y víctimas indirectas -su familia-, y sobre todo que haya justicia.
En este caso, aunque desafortunadamente existen muchos más, deben establecerse las responsabilidades de quienes hayan incurrido en los hechos, pero también de quienes hayan violado derechos humanos en el desarrollo de la investigación por acción u omisiones, por la falta de la debida diligencia; impidiendo que se conozca la verdad, el cual es un derecho en sí mismo.
Cultura del engaño
Debemos recordar que el acceso a la verdad es un derecho que ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en particular lo que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó, que el derecho a la verdad exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.
Lo anterior demanda que, conocida la verdad, con sustento en evidencias sólidas, las violaciones a Derechos Humanos que se llegaran a identificar deben propiciar la sanción y, desde luego, la reparación del daño y, muy importante, generar garantías de no repetición para que abonemos a fortalecer nuestro Estado Democrático de Derecho y, dentro de esas garantías, el camino del derecho debe ser la vía para el acceso a la justicia, alejada de consideraciones políticas.

*Especialista en derechos humanos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *