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¿Qué es la inteligencia artificial?

Alfonso Valenzuela Aguilera

En la película Minority report: Sentencia previa (2002), Tom Cruise es un agente cuyo trabajo consiste en arrestar a potenciales criminales antes de cometer un delito gracias a una especie de videntes identificados como precogs, quienes tendrían la habilidad de anticipar los crímenes antes de que estos sucedieran. En la actualidad, se utiliza en Estados Unidos un sistema conocido como COMPAS que permite evaluar a los delincuentes y determinar su nivel de riesgo de reincidencia en la comisión futura de delitos. El sistema evalúa la historia delictiva, la conducta pasada, además de otros factores para evaluar el riesgo de reincidencia de un sujeto y clasificarlo de acuerdo a distintos niveles de riesgo, lo que sirve como insumo para jueces en la toma de decisiones sobre la libertad condicional, las sentencias y otros aspectos del ámbito judicial. Lo anterior parecería una herramienta útil para prevenir futuros delitos, siempre y cuando el sistema no hubiera sido cuestionado sobre su propensión a aplicar sesgos raciales y de género (se asume una reincidencia mayor de mujeres y de minorías raciales), y se argumenta que la precisión de los pronunciamientos es limitada, lo que puede llevar a la toma de decisiones –en este caso de sentencias– inmerecidas.

Por tanto, tenemos por una parte un panorama revolucionario de aplicaciones derivadas de la inteligencia artificial (IA) y por la otra, la disrupción derivada de un cambio de reglas del juego que nos cuesta trabajo reconocer como el destino inminente de nuestra vida cotidiana. Digamos que se ha vuelto hasta cierto punto irrelevante la disposición que tengamos a incorporarnos a este flujo de informaciones en donde los entornos digitales se entremezclan con nuestra realidad física, siendo complicado el abstraerse de las redes sociales, los servicios digitales o las reuniones virtuales. Es esta existencia híbrida la que nos obliga a interesarnos en las decisiones que se tomen en la esfera pública con respecto a la utilización de algoritmos para definir nuestro futuro lo que ha llevado a la Comisión Europea a legislar con respecto a la obligación de los funcionarios de hacer comprensibles la racionalidad detrás de las políticas públicas que utilicen la inteligencia artificial.

A este respecto existe una dimensión ética alrededor de la IA, en donde por una parte, se valora su potencial para mejorar el desempeño de procesos en el sector público o privado mediante el análisis de datos que permiten predecir los requerimientos futuros; mientras que por la otra tenemos que la información recabada por estos sistemas de algoritmos pueden tener sesgos importantes, representar intereses particulares de grupos corporativos, o dejar fuera la perspectiva humana, esa que puede distinguir entre las intenciones y el significado, que entiende el sentido común y que manifiesta una conciencia del contexto. Este punto es central dado que la programación de estos sistemas se realiza por personal técnico que integra en el diseño sus propios sesgos personales y cognitivos, además de que los datos que se utilizan para encontrar patrones pueden por sí mismos reflejar –y después reproducir– las inequidades, replicar la discriminación velada, incrementar la exclusión socioeconómica o contribuir a la reducción de la transparencia en las decisiones de carácter público.

La inteligencia artificial está dejando de ser material para películas de ciencia ficción para convertirse en poderosas herramientas dentro de una nueva economía de datos. Esto está ocurriendo a solo algunos meses de que se lanzaron aplicaciones como ChatGPT, que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para que mediante el análisis de grandes cantidades de datos pueda comprender y producir información relevante de manera efectiva. Por otra parte, es claro que los beneficios de la inteligencia artificial ­–y para el caso, de todos los avances tecnológicos– dependen de la posición socioeconómica y cultural del individuo, lo que hace necesario el llevar esta discusión a la arena pública con el fin de definir los mecanismos de apropiación de la información, siempre que aspiremos a tener una sociedad más equitativa y justa.

 

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