El derecho a la evaluación
Si en México destinamos en promedio el 20% de nuestro salario para el pago de impuestos, es natural que nos interese saber si estos recursos están siendo bien utilizados en acciones y programas que ayuden a mejor las condiciones de vida de la población en general. Es por ello que tanto a nivel federal como estatal se han creado instancias específicas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social (COEVAL) respectivamente, quienes tienen la misión de medir y evaluar de manera sistemática los programas y las políticas de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.
Ahora bien, el que los objetivos de estas instancias sean claros no quiere decir que su ejercicio esté libre de condicionantes y de los intereses políticos ligados al mantenimiento de una buena imagen del desempeño institucional. Es por ello que al existir temas sensibles, complejos o temas en donde existen evidencias para saber que no se han tenido buenos resultados, es probable que la realización de una evaluación no cuente con la información o las condiciones para llevarse a cabo de manera rigurosa. Sin embargo, esto es inaceptable desde un punto de vista ciudadano, toda vez que necesitamos saber si el dinero público se está invirtiendo en programas y proyectos que estén dando resultados y que beneficien a sus destinatarios como esté previsto en sus reglas de operación. Es por ello que a lo largo de los años han surgido centros y organizaciones ciudadanas dedicadas a realizar investigación independiente, oportuna y veraz sobre la operación de las políticas públicas, planes y programas en las distintas escalas de gobierno, con la intención de crear contrapesos al poder oficial y poder así evaluar el funcionamiento del aparato público.
Pero antes que nada, hay que recordar que la evaluación permite mejorar procesos, acciones y decisiones en las políticas públicas. Además, éste ejercicio permite reducir la incertidumbre en cada una de las fases de operación de un programa, al tener parámetros o puntos de comparación con los cuales identificar si vamos en la dirección correcta. Sin embargo, la definición de los objetivos, las prioridades o los métodos para evaluar van a estar definidos a partir de una visión política de lo que es deseable, factible y pertinente. Entre otras cosas puede evaluarse el diseño mismo de un programa o política, los factores que están funcionando o que están llevándola al fracaso, así como la eficacia, eficiencia o equidad implícitas en la puesta en marcha de las mismas.
Un punto de partida importante es el definir la problemática que se está queriendo resolver, para la cual se plantean posibles alternativas. Para ello, es necesario considerar el contexto político, administrativo, normativo, social y económico alrededor del fenómeno que nos interesa atender. Después, se analiza la viabilidad política, cuyo objetivo es producir información para afrontar las amenazas y resistencias de tal manera que puedan identificarse las oportunidades y a los actores involucrados en el abordaje de las distintas alternativas de solución. Finalmente, detectar posibles modificaciones en torno a la naturaleza del problema y eventuales desviaciones respecto del plan original de acción.
En síntesis, la evaluación efectiva de políticas públicas en México es esencial para asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos. A pesar de los desafíos asociados a condicionantes políticas y a la falta de información en temas sensibles, la participación de organizaciones independientes se presenta como un paso significativo hacia una evaluación más imparcial y confiable. Para fortalecer este proceso, es crucial fomentar la colaboración entre las organizaciones civiles y las instancias gubernamentales, promoviendo la apertura de datos y la transparencia. Asimismo, la implementación de plataformas digitales y tecnologías de información puede facilitar un seguimiento más accesible y riguroso de políticas públicas. Es por ello que los y las candidatas a la gubernatura de nuestro estado deben fomentar la participación ciudadana activa, reconociendo la importancia de la evaluación para consolidar un sistema más sólido y dinámico que garantice el uso efectivo de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
