José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
El ejército mexicano ha desempeñado funciones represivas y violaciones a los derechos humanos desde los años 60s hasta la fecha. Por ello, no debe tener en sus manos la seguridad pública, como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rechazar que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Su labor de espionaje de años anteriores a abogadas, periodistas, personas defensoras y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a través del programa espía Pegasus, muestra los riesgos de permitir que siga actuando como en gobiernos anteriores.
Exámenes forenses a teléfonos celulares pertenecientes a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro PRODH) realizados por Citizen Lab, un instituto de investigación de la Universidad de Toronto, comprueban que fueron infectados por el sistema de vigilancia Pegasus al menos 5 ocasiones durante 2022. Resulta grave que esta es la segunda ocasión que integrantes de la organización son atacados mediante el mismo spyware.
Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos manifestamos nuestro respaldo hacia el Centro PRODH, cuyo trabajo y esfuerzo siempre ha estado enfocado en la defensa y acompañamiento de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, en particular de las y los más desfavorecidos en el país. El Centro Prodh, como organización fundada por la Compañía de Jesús en 1988, ha defendido causas emblemáticas, como la tortura sexual cometida en contra de mujeres en Atenco, Estado de México; las familias de los mineros de Pasta de Conchos; la tortura cometida en contra de los campesinos ecologistas en Guerrero; las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural en Ayotzinapa, Guerrero en 2014; y ha continuado denunciando actualmente los riesgos de la militarización, la persistencia de la tortura y otras violaciones a las libertades democráticas. A lo anterior se suma que el Centro Prodh, ha sido un semillero fundamental y formadora de personas defensoras de derechos humanos a lo largo de casi cuatro décadas.
No existe justificación para espiar a quienes realizan un trabajo de defensa de derechos humanos. Por ello, condenamos el espionaje, que, por segunda vez, en dos administraciones distintas, se realiza a integrantes del Centro Prodh. Resalta que esta organización y en particular uno de sus integrantes, luego de ser objeto de ataques con Pegasus en 2017, denunció ante la hoy FGR estos hechos sin que ello derivara en una investigación seria y exhaustiva. El que una misma organización enfrente esta misma vulneración en dos administraciones consecutivas demuestra contundentemente que la impunidad invita a la repetición y evidencia las consecuencias de una FGR incapaz de investigar.
Además, este hecho injusto e ilegítimo realizado por el Ejército, en un contexto de creciente militarización, es motivo de mayor preocupación y muestra los riesgos que tiene para la defensa de los derechos humanos, el periodismo y la democracia, el empoderamiento sin controles de las Fuerzas Armadas, que ahora sabemos incluye el uso ilegal de este tipo de tecnologías intrusivas.
El espionaje vulnera severamente los derechos a la privacidad, libertad de expresión y a defender derechos humanos en contra de las personas integrantes de la organización, pero también vulnera a las personas, grupos y poblaciones a quienes se acompaña y muestra un entorno poco propicio para la defensa de los derechos humanos. Ante esto, reiteramos nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento por la labor que realiza el Centro PRODH en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Condenamos la indigna continuación de dicho sistema de vigilancia ilegal contra personas defensoras y periodistas y exigimos su cese inmediato que se lleva a cabo desde el Centro Militar de Inteligencia y otras instancias de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Insistimos en la necesidad de que se haga pública toda la información relacionada con las contrataciones realizadas por la SEDENA y la Fiscalía General de la República para la compra de sistemas de intervención de comunicaciones privadas.
Exigimos una investigación imparcial, diligente, objetiva, profesional, exhaustiva y seria por parte de la Fiscalía General de la República. Con la militarización de todos los espacios públicos no puede haber respeto a las garantías fundamentales, pasando por alto la democracia y la dignidad.
A 103 acciones globales por Ayotzinapa, y ante la negativa del Ejército de entregar todos los archivos militares sobre lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, expresamos nuestra solidaridad hasta lograr que haya justicia y verdad. Porque ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ya basta de militarizar la seguridad pública y nuestras vidas!