En junio se cumplirán 10 años de que el consorcio minero Peñoles ha desacatado una resolución judicial. No ha cumplido el fallo del Tribunal Agrario 28 en Hermosillo, Sonora, que fijó como legítima la denuncia de las 67 familias que acusaron a la empresa Penmont por usurpación de terrenos ejidales. La minera debía regresarlos y restituirlos a la condición original antes de su invasión o pagar el equivalente en pesos al oro que extrajo. Penmont, es una de la treintena de empresas mineras que Peñoles controla en México, dueño de la plata del país. Todos los poderes en Sonora se le someten, incluido el actual gobernador de Morena, Alfonso Durazo Montaño. Al inicio del gobierno de la 4t fue el encargado de la seguridad pública y creó la guardia minera. Grupo especial para cuidar de robos en las zonas de extracción y traslado.
Sonora se ha convertido en un enclave minero, tiene la mayor proporción de concesiones mineras del país. Las empresas que ahí extraen oro y cobre se organizaron en el clóster minero. Su función es garantizar que sus intereses prevalezcan. Frente a ese poder, las familias ejidatarias de El Bajío, ubicado a 70 km de Puerto Peñasco, demandan el cumplimiento de las 67 resoluciones judiciales. Lograron expulsar a la minera de su territorio en 2020. Peñoles, socio de la británica Fresnillo, perdió la mina Soledad Dipolos pero la afrenta mayor para la minera que cotiza en Gran Bretaña es que, a pesar de su poder, la comunidad campesina ha demostrado que son saqueadores, destructores y han ejercido las peores formas de criminalización contra ella.
Fresnillo se embarcó en una nueva demanda contra los ejidatarios cuando decidieron en asamblea que la parte robada por la empresa se convirtiera en Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas entregó el permiso el 26 de junio de 2023 pero cuatro ejidatarios comprados por la empresa, de apellidos Cruz, presentaron una demanda contra la nueva zona de protección ecológica. El abogado de los cruces es José Hemel Quintero, sobrino del narco. Los cruces han sido asesorados por el senador de Morena José Narro Céspedes.
El dominio de Peñoles se apoya en los narcos para demandar y acosar a las familias ejidatarias del Bajío. Los asesinatos de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo y María de Jesús Gómez y la desaparición de Nohemí Elizabeth López fueron reportados por el gobierno como actos del crimen organizado, pero ¿no es una casualidad que asesinen a miembros de El Bajío en momentos en que enfrentaron a la minera?
En una década, El Bajío se ha movilizado de formas diversas. Visitaron Londres en dos ocasiones, ahí, en 2022 asistieron a la asamblea de accionista de Fresnillo, presidida por el heredero del emporio Alejandro Bailléres. Denunciaron el desacato a la justicia. El magnate estaba estupefacto y el director general, Octavio Albidres, le decía en voz baja al representante ejidal, Jesús Thomas, “te vas a arrepentir”. Pocas veces los afectados logran encarar directamente a los dueños del capital y exhibirlos públicamente. También, se entrevistaron con activistas y diputados británicos.
Para las y los ejidatarios lo más importante ha sido sacar a la minera de sus tierras y poder ocuparlas nuevamente. El terreno destruido poco a poco se va recuperando y vuelve a ser habitado por los berrendos, especie endémica de esa zona y en grave peligro de extinción. Contribuir a la recuperación de sistema ecológico profundamente dañado por la minería a cielo abierto es una aportación de las familias de El Bajío. La resolución judicial debe ejecutarse. La magistrada Alejandrina Gómez Rey encargada de hacer cumplir la resolución, igual que en el pasado el Magistrado Manuel Loya Velarde, recibió amenazas. La unidad comunitaria que alcanzó en estos años el ejido El Bajío enfrentó el dominio territorial del capital minero y su brazo narco. Cuando pregunté a Jesús cuáles fueron los resultados las dos visitas de las personas ejidatarias a la mañanera de López Obrador para demandar el cumplimiento de la resolución judicial, me contestó: “nada, no nos recibieron, nada más se hacen tontos”.
Durante el primer año de gobierno de la 4t, Peñoles adquirió 86,533 hectáreas más en concesiones mineras en 4 estados.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México