El legado que deja el actual gobierno mexicano en materia de corrupción es uno de gran preocupación y desilusión para la sociedad. Lejos de ser la excepción en la historia política de México, este gobierno, que prometió un cambio radical en la manera de administrar la cosa pública y una lucha incansable contra la corrupción, parece seguir el mismo sendero trillado de sus predecesores. Los escándalos han sido varios y el manejo de los mismos ha dejado mucho que desear en términos de transparencia y justicia.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el del exministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fue señalado por recibir sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Este caso no solo cuestiona la integridad del máximo tribunal del país, sino que también pone de manifiesto las profundas raíces que la corrupción tiene en el sistema judicial mexicano. A esto se suma la falta de un seguimiento riguroso y de consecuencias severas, permitiendo que la impunidad continúe siendo la norma más que la excepción.
Además, la situación del desfalco y mal manejo de los fideicomisos que fueron creados para fomentar la investigación, la cultura, la atención de desastres naturales y otros objetivos igualmente nobles, fueron vaciados sin una justificación clara ni procesos transparentes. Esto no solo ha debilitado la capacidad institucional en áreas críticas, sino que también ha sembrado dudas sobre la real intención del gobierno de combatir la corrupción.
Otro ejemplo contundente de las prácticas cuestionables bajo el actual gobierno es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entidad encargada de implementar políticas de apoyo al campo y asegurar el abasto de alimentos básicos. Este organismo ha estado en el centro de múltiples denuncias por corrupción y malversación de fondos. Auditorías realizadas han revelado sobreprecios en la compra de productos y subsidios entregados sin los debidos controles, lo que resultó en pérdidas que algunos analistas estiman en más de 15,000 millones de pesos. Este caso no solo evidencia la falta de controles efectivos y transparencia en la administración de recursos, sino que también refleja cómo las malas prácticas administrativas y la corrupción pueden socavar directamente la seguridad alimentaria y el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Lo más preocupante es que, pese a las promesas de una regeneración ética y de un nuevo pacto de confianza entre el gobierno y el pueblo, los mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo insuficientes. Las instituciones encargadas de combatir y prevenir la corrupción parecen estar desbordadas o limitadas en su capacidad de acción, muchas veces por interferencias políticas que minan su independencia y eficacia.
El legado de este gobierno en términos de corrupción está marcado por una serie de escándalos que no solo han minado la confianza pública, sino que también han mostrado la continuidad de prácticas corruptas a pesar de las promesas de cambio. Este legado es un recordatorio doloroso de que la lucha contra la corrupción no se gana con discursos ni promesas electorales, sino con acciones concretas, sostenidas y transparentes que realmente transformen las estructuras y prácticas gubernamentales. La tarea sigue siendo urgente y necesaria, y requiere un compromiso real tanto del gobierno como de la sociedad para ver cambios verdaderos y duraderos.
*Profesor de El Colegio de Morelos.
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